Un juez federal ordenó reabrir el caso de Tlatlaya, en el
que 22 civiles murieron supuestamente a manos de militares en junio de 2014,
tras determinar que la PGR no ha realizado una investigación "exhaustiva
adecuada y efectiva", informó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro
Juárez.
El titular del juzgado decimocuarto de distrito de amparo en
materia penal, con sede en la Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, tomó
la decisión en respuesta a un recurso de la sobreviviente Clara Gómez González,
según un comunicado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, cuyos
abogados llevan la defensa de las víctimas.
Según la versión inicial ofrecida por la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en una
bodega de Tlatlaya, en el Estado de México, 22 presuntos delincuentes murieron
en un enfrentamiento armado con militares.
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Dicha versión fue desmentida por uno de los tres
supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los
demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la
detención de 7 militares.
Sin embargo, un juez ordenó en octubre de 2015 liberar a
cuatro de los militares implicados en la matanza tras considerar que la Fiscalía
no había sido clara a la hora de explicar los hechos por los que estaban
acusados.
Y en mayo de 2016, un juez federal desestimó los elementos
de prueba aportados por la PGR y ordenó la liberación de los otros tres
militares implicados.
En respuesta al recurso de la sobreviviente, Zabalgoitia
ordena ahora a la PGR realizar una serie de diligencias para esclarecer de
inmediato el caso y establecer responsabilidades, "incluyendo la cadena de
mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de
oscuridad".
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