MÉXICO, D.F., septiembre 27.- Tres ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron este
martes por invalidar la reforma a la Constitución de Baja California,
que protege la vida desde la concepción y otorga al no nacido todos los
derechos de una persona, por ser contraria al pacto constitucional
federal.
Los ministros José Ramón Cossío, Sergio Valls y Olga Sánchez Cordero
se pronunciaron a favor del proyecto de su colega Fernando Franco, pero
plantearon consideraciones distintas para expulsar la reforma impugnada
del sistema jurídico.
Los dos primeros, incluso, expresaron fuertes críticas al proyecto de
Franco, particularmente en las consideraciones acerca de que el no
nacido no puede considerarse como persona jurídica, pues, según explicó
Valls, la Carta Magna no precisa quién posee ese carácter y quién no.
Para Cossío, el debate sobre la reforma de Baja California debe
centrarse en si el Congreso local puede formular una norma como derecho
absoluto, en este caso el derecho a la vida, anulando con ello el
derecho de las mujeres o de los matrimonios a decidir el número y
espaciamiento de los hijos que desean tener, previsto por el artículo
4º. constitucional.
La reforma cancela toda posibilidad de diálogo entre el bien jurídico
tutelado y el derecho de las mujeres; es una exclusión absoluta, que el
legislador local no puede establecer.
Sergio Valls, en la misma posición, sostuvo que la reforma es
inconstitucional porque la Carta Magna no protege la vida desde la
concepción, sin que ello signifique que el no nacido no tenga derechos,
sino que es un bien jurídicamente tutelado.
Los derechos humanos no son absolutos, ninguno tiene mayor valor que
el otro, y no es admisible que en un Estado democrático se pretenda,
desde la constitución política de una entidad federativa, generar o
constreñir decisiones de este tipo, o de cualquier otro, porque
corresponden al legislador ordinario.
“Ello rompe con el Estado constitucional y democrático", sostuvo.
Olga Sánchez Cordero manifestó que el derecho a la vida, tal como se
plantea en la reforma de Baja California, inhibe el ejercicio de otros,
atenta contra el sistema constitucional de derechos humanos y la
supremacía constitucional.
El derecho a la vida es el presupuesto básico para el ejercicio de
todos los demás derechos, por lo que, en todo caso, el congreso de Baja
California habría tenido que armonizar su reforma con los demás derechos
y dotarlos de contenido, dijo.
Con argumentos distintos, cinco de los 11 ministros se han
pronunciado por invalidar la reforma, pero para ello son necesarios 8
votos. El ministro Salvador Aguirre se pronunció por su
constitucionalidad y su colega Guillermo Ortiz inició su argumentación
en el mismo sentido.
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