MÉXICO, D.F., septiembre 27.- El presidente Felipe
Calderón recordó este lunes, en medio del debate en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en torno al aborto,
la protección al derecho a la
vida desde la concepción como potestad de los estados en sus
legislaciones, acorde a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José), adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de
noviembre de 1969 y a la cual México se adhirió en 1981.
Mediante un comunicado, la residencia oficial de Los Pinos informó
que el mandatario sometió a la aprobación del Senado la decisión de
retirar la Declaración Interpretativa formulada por México respecto del
párrafo primero del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, con lo cual México refrenda un compromiso con el derecho a la
vida como un bien jurídicamente tutelado por el Derecho mexicano.
Sin mencionar la discusión en la Corte, el comunicado señala que “la
Convención prevé que la ley protegerá, en general, el derecho a la vida a
partir del momento de la concepción”.
Según Los Pinos, la legislación civil y penal ordinaria pueden
preservar agravantes, atenuantes o excluyentes de responsabilidad
respecto de los tipos penales con los que se tutele el derecho a la
vida, con pleno respeto a la soberanía de los estados de la federación.
La Declaración Interpretativa, formulada por México al depositar el
instrumento de adhesión el 24 de marzo de 1981, fue en el sentido de que
dicha disposición no constituye obligación de legislar para proteger la
vida desde la concepción, dejando claro que los estados conservan el
derecho de prever excepciones en su legislación, como es el caso de
excluyentes de responsabilidad en casos de aborto”.
Los Pinos precisó: “México ha asumido plenamente el reconocimiento de
los derechos humanos contemplados en tratados internacionales, como la
Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y entre ellos el derecho a la protección
de la vida, que es un bien jurídicamente tutelado por nuestra
legislación, tanto federal como local”.
Sostuvo que al retirar la Declaración Interpretativa, “México
refrenda un compromiso con el derecho a la vida como un bien
jurídicamente tutelado por el Derecho mexicano”.
El boletín emitido la noche de este lunes recordó que con la reciente
reforma a la Constitución, promulgada el 10 de junio de 2011, se
reconocen los derechos humanos previstos en tratados internacionales de
los que México es parte con el mismo nivel de protección que los
contenidos en la Carta Magna.
Además, establece los principios de interpretación de las normas
relativas a los derechos humanos, “por lo que no tiene sentido mantener
la Declaración Interpretativa”.
“Es importante destacar que la decisión del Ejecutivo federal debe
ser aprobada por la Cámara de Senadores para proceder al retiro formal
de la Declaración Interpretativa”, puntualizó.
- Se congratula PAN
El Partido Acción Nacional (PAN) se congratuló por la decisión del
presidente Calderón de someter a la aprobación del Senado el retiro de
la Declaración Interpretativa de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Su líder, Gustavo Madero, saludó este hecho debido a que la
aprobación del retiro de la Declaración, que en su caso haga la Cámara
de Senadores, contribuirá a la defensa por parte del Estado mexicano de
los derechos humanos, en especial del derecho a la vida.
- Opina subsecretario
Por su parte, Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, criticó el proyecto del
ministro Fernando Franco González que pretende invalidar las reformas
constitucionales de Baja California y San Luis Potosí para defender el
derecho a la vida desde la concepción.
En un desplegado dirigido al pleno de ministros, a título personal y
como servidor público, afirmó que dicha propuesta “hace malabares
argumentativos para intentar concluir que los niños y niñas que se
encuentran en el vientre de sus madres no son seres humanos”.
Sin contar con personalidad jurídica, el subsecretario aseguró que el
principal problema del proyecto que propone el ministro “estriba en la
contraposición absoluta de derechos”, y que en “el caso que nos ocupa,
la salida que se propone se traduce en institucionalizar el ‘derecho’
para matar seres humanos”.
Dijo que le inquieta que se haga un análisis de la normatividad limitado y parcial.
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