Cada día mueren en México 23 personas a causa del hambre y la desnutrición. Del año 2000 al 2011 murieron por deficiencias nutricionales 102 mil 568 personas en el país, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha en Chiapas, la Cruzada Nacional contra el Hambre en los 400 municipios con más altos índices de marginación social.
En el mundo una de cada seis personas no tiene alimentos suficientes para estar saludable y llevar una vida activa. El hambre y la desnutrición son considerados a nivel mundial el principal riesgo a la salud, más que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntas. Entre las principales causas del hambre están los desastres naturales, los conflictos, la pobreza, la falta de infraestructura agrícola y sobreexplotación del medioambiente. Las personas con hambre aumentaron debido a las crisis financieras y económicas.
Además del hambre que se siente en el estómago vacío, también existe el hambre oculta. Ésta es producto de la deficiencia de micronutrientes y hace a las personas más susceptibles a las enfermedades infecciosas, perjudica el desarrollo físico y mental, reduce la productividad laboral y aumenta el riesgo de sufrir una muerte prematura. El hambre no sólo afecta al individuo, también impone una carga económica al desarrollo de la sociedad.
Durante décadas el ataque a la pobreza y el hambre ha sido una meta no alcanzada de los gobiernos mexicanos. La intervención en la producción de alimentos fue una de las políticas principales del Estado mexicano, que puso en práctica desde la década de los treinta hasta los noventa, pieza fundamental fue la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), creada en los años sesentas.
El gobierno integró un complejo sistema de abasto que garantizaría desde 1962 la compra y regulación de precios en productos de la canasta básica, particularmente el maíz. La CONASUPO durante más de 35 años fue el principal instrumento del gobierno para el abasto alimentario rural en México. Fue creada para organizar dentro de una sola paraestatal todas las actividades reguladoras del gobierno relacionadas con la agricultura; ésta era vista como un instrumento que permitiría promover el desarrollo económico y social de México a través de dos funciones: regular los mercados de productos básicos al establecer una relación más eficiente entre productores y consumidores, y así eliminar los intermediarios deshonestos; y proteger a los consumidores y productores de bajos ingresos.
A lo largo de la década de los 60 y 70, las actividades de la CONASUPO incluían el procesamiento de granos, aceites y leche en polvo, para convertirlos en bienes de consumo humano; también contaba con tiendas por toda la república, donde se vendían productos básicos a bajo precio. A partir de la crisis de la deuda de 1982 inicia el proceso de su desmantelamiento, que culmina a finales de 1998, cuando el gobierno del presidente Zedillo toma la decisión de su desaparición.
Blanca Rubio, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, afirma que “a partir de la desaparición de la CONASUPO, la comercialización de los productos del campo quedó en manos de intermediarios privados, que son los que determinan el precio de las cosechas arbitrariamente, situación que ha obligado a 25 millones de campesinos a buscar otras fuentes de las cuales subsistir, al grado de que, según la Cepal, entre 70% y 80% del ingreso familiar de los minifundistas proviene de actividades no agrícolas. Todo ello ha derivado en una vuelta al pasado, 75.2% de las localidades rurales se considera de alta marginación y 4 de cada 10 niños viven en condiciones de pobreza en el campo, lo que alcanza la cifra de 15 millones de infantes.”
El gobierno federal desde la comunidad de Las Margaritas, territorio de influencia del EZLN, lanzó la Cruzada Nacional contra el Hambre que, dicen, no será asistencialista y que podrá paliar los efectos de la pobreza que aqueja a millones de mexicanos. Sus principales programas están relacionados con alimentación para mujeres, niños y adultos mayores. Las acciones serán coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Social que utilizará un presupuesto de más de 30 mil 600 millones de pesos.
El marco del Pacto por México podría ser propicio para plantear soluciones de fondo para el problema de la pobreza y su consecuencia el hambre. Ir a fondo implicaría terminar con la informalidad en el trabajo, elevar realmente el salario mínimo para que sea remunerador, digno y fortalezca el mercado interno.
Llevar a cabo las reformas hacendaria y energética y apoyar a los productores del campo, independientemente de la tenencia de la tierra, como se hace en todo el mundo. La seguridad alimentaria es también un problema de seguridad nacional y es prioritario. Siempre se ha sabido que hay pobreza en México, hoy se reconoce que hay hambre. El modelo neoliberal de desarrollo está agotado, urge cambiarlo. Se necesitan gobernantes eficientes y empresarios con conciencia social
En el mundo una de cada seis personas no tiene alimentos suficientes para estar saludable y llevar una vida activa. El hambre y la desnutrición son considerados a nivel mundial el principal riesgo a la salud, más que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntas. Entre las principales causas del hambre están los desastres naturales, los conflictos, la pobreza, la falta de infraestructura agrícola y sobreexplotación del medioambiente. Las personas con hambre aumentaron debido a las crisis financieras y económicas.
Además del hambre que se siente en el estómago vacío, también existe el hambre oculta. Ésta es producto de la deficiencia de micronutrientes y hace a las personas más susceptibles a las enfermedades infecciosas, perjudica el desarrollo físico y mental, reduce la productividad laboral y aumenta el riesgo de sufrir una muerte prematura. El hambre no sólo afecta al individuo, también impone una carga económica al desarrollo de la sociedad.
Durante décadas el ataque a la pobreza y el hambre ha sido una meta no alcanzada de los gobiernos mexicanos. La intervención en la producción de alimentos fue una de las políticas principales del Estado mexicano, que puso en práctica desde la década de los treinta hasta los noventa, pieza fundamental fue la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), creada en los años sesentas.
El gobierno integró un complejo sistema de abasto que garantizaría desde 1962 la compra y regulación de precios en productos de la canasta básica, particularmente el maíz. La CONASUPO durante más de 35 años fue el principal instrumento del gobierno para el abasto alimentario rural en México. Fue creada para organizar dentro de una sola paraestatal todas las actividades reguladoras del gobierno relacionadas con la agricultura; ésta era vista como un instrumento que permitiría promover el desarrollo económico y social de México a través de dos funciones: regular los mercados de productos básicos al establecer una relación más eficiente entre productores y consumidores, y así eliminar los intermediarios deshonestos; y proteger a los consumidores y productores de bajos ingresos.
A lo largo de la década de los 60 y 70, las actividades de la CONASUPO incluían el procesamiento de granos, aceites y leche en polvo, para convertirlos en bienes de consumo humano; también contaba con tiendas por toda la república, donde se vendían productos básicos a bajo precio. A partir de la crisis de la deuda de 1982 inicia el proceso de su desmantelamiento, que culmina a finales de 1998, cuando el gobierno del presidente Zedillo toma la decisión de su desaparición.
Blanca Rubio, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, afirma que “a partir de la desaparición de la CONASUPO, la comercialización de los productos del campo quedó en manos de intermediarios privados, que son los que determinan el precio de las cosechas arbitrariamente, situación que ha obligado a 25 millones de campesinos a buscar otras fuentes de las cuales subsistir, al grado de que, según la Cepal, entre 70% y 80% del ingreso familiar de los minifundistas proviene de actividades no agrícolas. Todo ello ha derivado en una vuelta al pasado, 75.2% de las localidades rurales se considera de alta marginación y 4 de cada 10 niños viven en condiciones de pobreza en el campo, lo que alcanza la cifra de 15 millones de infantes.”
El gobierno federal desde la comunidad de Las Margaritas, territorio de influencia del EZLN, lanzó la Cruzada Nacional contra el Hambre que, dicen, no será asistencialista y que podrá paliar los efectos de la pobreza que aqueja a millones de mexicanos. Sus principales programas están relacionados con alimentación para mujeres, niños y adultos mayores. Las acciones serán coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Social que utilizará un presupuesto de más de 30 mil 600 millones de pesos.
El marco del Pacto por México podría ser propicio para plantear soluciones de fondo para el problema de la pobreza y su consecuencia el hambre. Ir a fondo implicaría terminar con la informalidad en el trabajo, elevar realmente el salario mínimo para que sea remunerador, digno y fortalezca el mercado interno.
Llevar a cabo las reformas hacendaria y energética y apoyar a los productores del campo, independientemente de la tenencia de la tierra, como se hace en todo el mundo. La seguridad alimentaria es también un problema de seguridad nacional y es prioritario. Siempre se ha sabido que hay pobreza en México, hoy se reconoce que hay hambre. El modelo neoliberal de desarrollo está agotado, urge cambiarlo. Se necesitan gobernantes eficientes y empresarios con conciencia social
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