ONGs Exigen al Gobierno Federal información de 22 ejecutados en Edomex‏

Puebla, Puebla.- El 30 de junio de este 2014 fueron asesinadas 22 personas en San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México. No queda claro lo que pasó, pero en los últimos días la agencia de noticias Associated Press (AP) publicó en medios internacionales –entre ellos “The Washington Post”- información sobre la ejecución, que dice que hay evidencia de que fueron elementos del Ejército mexicano quienes pusieron a las 22 personas, presuntos delincuentes, en un paredón improvisado en una bodega y los fusilaron.

Luego de que se publicara el reportaje, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alejandro Gómez Sánchez, negó que las 22 muertes hayan ocurrido a manos del Ejército y repitió la versión oficial: “se trató de un enfrentamiento entre presuntos integrantes de una banda delictiva originaria de Guerrero, llamada Guerreros del Sur e integrantes de la XXII Zona Militar”. Pero esta información sigue siendo dudosa, sobre todo después de que un observador del Alto Comisionado de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos visitara la bodega antes de que ésta fuera cerrada por las autoridades mexiquenses. Reveló que no se encontraron indicios de balas perdidas –si es que los soldados hubieran disparado armas automáticas a distancia- y tampoco señales de disparos hechos desde dentro.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) han tomado el caso y expresado su preocupación ante los hechos que apuntan a una posible ejecución extrajudicial. El asesinato de las 22 personas, dicen los defensores, se da dentro del “patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas a partir de la militarización del país en el contexto de la Guerra contra el Narcotráfico, que cerró el 2013 con 212 mil 208 efectivos militares desplegados en todo el territorio mexicano.”

Las dos ONG dijeron que el gobierno federal está obligado a aclarar lo que verdaderamente pasó e investigar de manera inmediata e imparcial. A la par, ambos Centros enviaron una solicitud de información para tener acceso al dictamen de la PGJEM sobre lo ocurrido, reiterando que esta información debe ser pública.