Los jornaleros del campo en México son de los más pobres entre los pobres y explotados entre los explotados. “Ninguna convención o tratado internacional que ha firmado el país, ha sido indicador de un cambio en las condiciones de vida de los campesinos, quienes siguen manteniendo las mismas condiciones de la Revolución: tiendas de rayas, alimentación precaria, hacinamiento, falta de escuelas en los campos, horas extra sin pago y un maltrato constante de parte de los capataces”, da a conocer la Organización Nacional Campesina (ONAC).
Dentro de los casos sobresalientes se encuentra el de la
esclavitud a la que fueron sometidos 275 jornaleros agrícolas en Jalisco, que
trabajan para la empresa Bioparques de Occidente, una empacadora, productora y
exportadora de jitomate, compañía que recibió apoyos del gobierno estatal por
10 millones de pesos y una serie de reconocimientos.
La empresa obligaba a sus trabajadores a trabajar 12 horas
diarias, mientras les decomisaba identificaciones y papeles personales, sus
horarios iniciaban a las 3 de la madrugada con un ‘paupérrimo’ desayuno basado
en una pequeña porción de sopa.
En 17 estados del país, principalmente Sinaloa, Sonora,
Chihuahua, y Baja California Sur, indican, se registra explotación de
jornaleros migrantes y locales. Sobre el tema Yil Felipe, coordinadora de
programas de Save The Children, considera particularmente preocupante la
situación de los migrantes indígenas que se trasladan de la Sierra Tarahumara,
Michoacán, Nayarit, Guerrero y Oaxaca a los campos de caña de azúcar, papa, tabaco
y jitomate, entre otros cultivos, del Estado de Sinaloa.
Quienes afirma, “son sacados de sus comunidades, por un
intermediario entre el productor y los jornaleros conocido como ‘camionero’,
‘cabo’ o ‘enganchador’, quien les ofrece trabajo y traslado gratuito a los
campos agrícolas y así es como se desarrolla la explotación”.
Y explica que “al llegar a la entidad, el intermediario es
responsable de brindarles casa, alimento, servicios básicos y de pagarles su
salario. Si el productor paga 20 pesos por costal de papa, o 30 pesos por
tonelada de caña, el dinero llega al intermediario, y este personaje se queda
con una parte importante y al jornalero le llega solamente el 40% de lo que
está pagando el productor”.
Las jornadas de estos trabajadores son entre 8 y 12 horas,
luchando contra los efectos del contacto sin protección con fertilizantes,
fungicidas y pesticidas, que dañan su piel, ojos y pulmones, esto sin recibir
una debida atención médica. En el caso de las mujeres, tienen que soportar el
acoso de sus superiores, ganando 120 pesos diarios.
Según organizaciones no gubernamentales, una de las
entidades donde se presume un alto índice de ‘esclavitud’ de trabajadores es
Baja California, en donde la industria agrícola se encuentra en manos de 12
empresas que llevan explotando algunos de los campos de cultivo más extensos de
México desde hace más de 4 décadas. Algunos de estos ranchos son propiedad de
funcionarios estatales, o sus dueños tienen vínculos directos con éstos, como
son los casos del ex secretario de Fomento Agropecuario, Antonio Rodríguez, y
la familia del actual secretario de Finanzas, Antonio Valladolid. Incluso el ex
presidente Felipe Calderón es accionista de una de estas empresas.
En los años 90 se contabilizaron más de 50 mil trabajadores
llegados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, principalmente, en la
actualidad no superan los 30 mil, esto provocado por la situación laboral, que
ha sido calificada como de ‘extrema gravedad’, debido a la esclavitud padecida
por los trabajadores, que con frecuencia o abandonan el lugar de trabajo u
organizan huelgas, pese a la estabilidad de la actividad industrial.
En días pasados la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) rescató a más 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de
explotación e infrahumanas en Comondú, Baja California Sur, la dependencia
detalló que los trabajadores (hombres, mujeres y niños), fueron reclutados en
Creel, Chihuahua, por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola y
trasladados con engaños para trabajar en Comondú, en condiciones ilegales,
insalubres y de miseria salarial. Abundando que los indígenas trabajaban en la
cosecha de papa por lo que recibían sólo 200 pesos semanales, como préstamo con
la promesa de que al final recibirían el pago íntegro de su salario.
En Sinaloa, los trabajadores de las zonas agrícolas, también
padecen maltrato casi feudal, quienes huyen de la pobreza y violencia de sus
comunidades, padeciéndola con frecuencia mujeres indígenas, que en aras de
independizarse económicamente y cambiar la situación de maltratos, carencias y
falta de oportunidades en la que vivían, encontraron esclavitud, según un
informe de la Comisión de Derechos Humanos de Villa Juárez, Sinaloa.
“Sinaloa tiene varias zonas agrícolas que no detienen sus
labores durante casi todo el año. Una de ellas es Villa Juárez, en el municipio
de Navolato, a 30 minutos de distancia de Culiacán, capital del estado. Ahí se
siembra tomate, chiles, pepinos, ejotes, frijoles, berenjena, calabaza y una
variedad de legumbres, hortalizas y granos, que son distribuidos a todo el
país. En la zona se observan los interminables surcos trabajados por cientos de
mujeres, quienes padecen violencia, hacinamiento, abusos, maltrato y jornadas
laborales sin descanso”, denuncia Amalia López, presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de dicha entidad.
La defensora explica que “en los campos agrícolas Victoria,
El Chaparral, Santa Teresa y El Serrucho, donde mantiene actividades la empresa
Melones Internacionales, a las jornaleras no se les permite visitas, además de
que no se les da oportunidad de convivencia entre ellas, y en caso de
enfermedad son despedidas sin ningún amparo legal”.
Tarahumaras narran como fueron engañados para trabajar en
Al mismo tiempo afirma que “la gran mayoría de la población
de Villa Juárez son migrantes, quienes ya suman 70 mil habitantes, según datos
oficiales. Estas personas llegan hablando hasta 16 lenguas originarias, lo que
ha generado dificultades para que ejerzan su derecho a la salud y a la justicia
debido a la falta de intérpretes. Mujeres triquis, zapotecas, tarascas, mayas,
huicholas y tlapanecas, entre muchas otras etnias que trabajan en los campos,
viven mal, comen en la tierra, en condiciones poco favorables, son acosadas
sexualmente, viven violencia física y además no cuentan con seguridad social,
pese al esfuerzo del trabajo en el campo”.
“Sin contar que presentan también enfermedades en la piel
por la exposición al sol, a la tierra o por el contacto con los agroquímicos,
detalla Amalia. También padecen problemas de columna y en sus pulmones debido a
los baldes que tienen que cargar en su espalda”, confirma López.
Según informes de Amnistía Internacional, existe una
invisibilización deliberada de los jornaleros que descansa en la omisión en
estadísticas oficiales; exclusión en las políticas públicas educativas,
laborales y de desarrollo social; al mismo tiempo se da el ocultamiento de las
agroempresas de la utilización de trabajo infantil; limitada producción de
conocimiento en las instituciones de investigación; escasez de organizaciones
no gubernamentales trabajando efectivamente en el tema, e indiferencia de la
sociedad.
“Es urgente que el Estado mexicano establezca un control
efectivo sobre el uso de plaguicidas sintéticos en la agricultura de modo que
se proteja la salud de los jornaleros y de sus familias, pero también se
preocupe por sus condiciones de vida y sus salarios, además de las prestaciones
de ley”, afirma Samuel Salinas, investigador social.
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