MÉXICO. — Una mujer que intentó robar comida para sus hijos
se enfrenta a juicio por no poder pagar los 59 pesos que costaban los
alimentos.
El incidente ocurrió la mañana del pasado 13 de julio en una
sucursal de Bodega Aurrera ubicada en la delegación Gustavo A. Madero.
La mujer, identificada sólo como Nancy, llegó ese día a la
tienda donde pagó una crema en la caja. Al salir, un guardia la detuvo y le
exigió el tiquet y en ese momento se le cayó una charola de carne y una
mantequilla cuyo costo ascendía a 59 pesos.
Nancy afirmó que robó los alimentos porque no tenía dinero
para dar de comer a sus dos hijos.
En el Ministerio Público (MP), la representación legal de la
tienda se negó a llegar a un acuerdo reparatorio, según establece el sistema
penal acusatorio para delitos no graves. En cambio, pidió al MP abrir la
carpeta de investigación y enviar el caso ante un juez.
La mujer permaneció dos días en las galeras de la
Coordinación Territorial de la delegación hasta que el MP envió la carpeta al
juzgado.
Las defensoras de oficio de Nancy, Edna Tapia y Ana Lilia
Ramírez, argumentaron ante el juez que la mujer había admitido que el hurto lo
cometió por no tener dinero para alimentar a sus hijos y que castigar dicho
acto sería como castigar la pobreza y el hambre.
“El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos
Penales considera la excluyente del delito cuando existe un estado de necesidad
justificante”, declararon las abogadas. El juez Séptimo Penal del Sistema
Procesal Acusatorio, Prudencio González, resolvió la no vinculación a proceso y
dejó a la mujer en libertad, con el pago de los 59 pesos, sin que Nancy llegara
a pisar la cárcel.
Cuestionado sobre el caso, Rodolfo Félix Cárdenas,
exprocurador de Justicia del Distrito Federal, explicó que los agentes del MP ya tienen la facultad
para lograr que los ofendidos y detenidos logren llegar a un acuerdo y se
repare el daño, lo que evita horas de arresto y juicios, situación que no
ocurrió en el caso de Nancy.
Agregó que aunque el MP está avalado por la Constitución
para mantener 48 horas a los detenidos en flagrancia, desde que descubre que
cumple con los requisitos puede fomentar un acuerdo reparatorio.
“Depende de la voluntad del Ministerio Público, de que él
vea y que quiera resolver los casos y quieran hacer las cosas”, explicó Félix
Cárdenas.
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