Activistas en materia de derechos humanos coincidieron en
que la diferencia entre Guatemala y México la hace el llamado pacto de
impunidad que existe entre los partidos políticos y la clase gobernante.
El desafuero y arresto del ex Presidente Guatemalteco Otto
Pérez Molina por un caso de presunta corrupción ha puesto a México en el ojo de
medios y organizaciones internacionales ante los constantes señalamientos hacia
Enrique Peña Nieto, la Primera Dama e integrantes de su Gabinete.
En México “hay una posibilidad institucional de impunidad
desde la cabeza, aquí el Presidente no puede ser llevado a juicio por el fuero
que tiene. No es tan fácil, necesitaría que toda la gente saliera a las
calles”, expresó en entrevista Guadalupe Correa Cabrera, profesor asociado del
Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Brownsville.
Activistas en materia de derechos humanos coincidieron en
que la diferencia entre Guatemala y México la hace el llamado “pacto de
impunidad” que existe entre los partidos políticos y la clase gobernante. Un
pacto que abona a que en México no exista un Poder Judicial y un Legislativo
libre del dominio del Ejecutivo federal, dijeron.
La mayoría de los funcionarios de alto nivel, principalmente
gobernadores, que han sido inhabilitados para ejercer algún cargo público por
casos ligados a corrupción o conflictos de interés, han sido sometidos al
escrutinio cuando ya habían terminado sus periodos.
En Guatemala hay una ruptura de la clase política que acabó
con el pacto de impunidad, en beneficio de la sociedad guatemalteca, explicó.
Ese país además, dijo, cuenta con una movilización social intensa motivada por
la corrupción, pero también por la violación constante a los derechos humanos.
En México, en cambio, esa sociedad aún no despierta: “son
pequeñas islas que no están articuladas en un gran movimiento nacional, de
alguna manara Ayotzinapa logró articular durante unos meses, pero es una agenda
tan específica que no logra crecer”.
Por último explicó, en el país no existe un soporte y un
contraste internacional como la Comisión Internacional de Guatemala, financiada
por recursos de la ONU, que permitió realizar un trabajo independiente.
Guadalupe Correa coincidió en el sentido de que en Guatemala
no sólo hubo una gran movilización de la sociedad civil sino que se unieron
todos los sectores, desde la Iglesia hasta los empresarios, mientras que en
México, tanto la Iglesia como la iniciativa privada no han sumado fuerzas con
los ciudadanos.
De acuerdo con Robles Maloof no sólo Guatemala ha dado esos
golpes en contra de la impunidad. Lo han hecho Brasil, Perú y hasta República
Dominicana. Pero México es caso aparte explicó.
“El pacto de impunidad es muy específico de México, los
problemas de la justicia existen en todo el mundo, siempre va haber un déficit.
No existe un lugar donde la justicia se realice plenamente, pero aquí es muy
diferente: desde Canadá hasta Chile, se han perseguido los delitos del pasado”,
expuso.
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