Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado, se
pronunció en contra de la denuncia que interpuso su partido en Estado de México
para pedir que se castigue a los legisladores de Morena que acudieron al
arranque de campaña de Delfina Gómez, candidata de ese partido a la Gubernatura
mexiquense.
El legislador también consideró injusta la resolución del Tribunal
Electoral en contra de los morenistas, quienes terminaron sentenciados por el
uso indebido de recursos, con el argumento de que asistieron al evento
partidista el lunes 3 de abril, considerado como día hábil.
Desde el Senado, Gamboa confesó que él también realizó
campaña y participó en actividades proselitistas entre semana, por lo que
advirtió que, en todo caso, las autoridades electorales deberían sancionar a
los legisladores de todos los partidos.
"Todos los senadores fuimos a las campañas. Me parece
injusto que se le golpee sólo a un partido, si eso es así que se haga a todos
los partidos no sólo a uno, me parece que es un error", dijo.
"Los senadores, mientras no estemos en periodo
ordinario, podemos acudir a los estados a apoyar a candidatos. Me da la
impresión de que no deben ser sancionados, es mi opinión personal.
Haberlos exhibido no es justo, yo estuve yendo a los cuatro
estados donde hubo elecciones". El coordinador priista detalló que,
durante las campañas, sólo cuidó que sus actividades partidarias no
coincidieran con las sesiones de la Comisión Permanente, que comúnmente sesiona
los miércoles de cada semana.
El legislador también reconoció que, en caso de que se tenga
que aplicar una sanción en contra de los senadores de Morena que fueron
acusados, serán los propios coordinadores parlamentarios los que decidirán el
castigo.
El pasado 3 de abril, un grupo de legisladores federales,
locales y un Alcalde mexiquense acudieron al arranque de campaña de la
candidata de Morena. Unos 22 días después, el PRI mexiquense presentó una
denuncia en su contra por el supuesto se indebido de recursos públicos para
realizar actos de campaña en un día laboral. El 2 de junio, el Tribunal
Electoral mexiquense resolvió el procedimiento especial sancionador en el que
los declaró culpables.
Los políticos
afectados impugnaron la resolución ante la Sala Superior, que ratificó la
decisión en su contra.
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