El exgobernador de Quintana Roo es extraditado de Panamá
para responder por los delitos de lavado de dinero, peculado, aprovechamiento
ilícito y desempeño irregular de la función pública.
De regreso a México
El exgobernador de Quintana Roo estuvo siete meses recluido en la ciudad
de Panamá, luego de que la noche electoral del 4 de junio del 2017 fuera
detenido en un avión en que pretendía volar a París.
Después de siete meses de estar recluido en una cárcel de
Panamá, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, regresa a México para
rendir cuentas ante la justicia por varios hechos de corrupción durante su
administración.
El exmandatario fue detenido la noche del 4 de junio del año
pasado en la ciudad centroamericana, mientras se daban a conocer los resultados
de las elecciones para gobernador en tres estados del país, de los que el PRI
—partido que lo arropó para llegar al poder en 2010 y del que fue expulsado en
cuatro días después de su captura— ganó en dos, entre ellas el estado de
México, donde un juez de control federal lo reclama.
En su contra, Borge tiene expedientes abiertos a nivel
federal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, a
nivel estatal, por aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la
función pública y peculado, los cuales fueron cometidos durante sus años al
frente de Quintana Roo, estado que alberga algunos de los destinos turísticos
más importantes del país.
Se espera que alrededor de las 10:00 horas de este miércoles
las autoridades panameñas hagan entrega de Borge a miembros de la Interpol
adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR), quienes lo
trasladaran al hangar de la dependencia federal y una vez en territorio
nacional, será sometido a exámenes médicos, toxicológicos y psicológicos.
Posteriormente, el exmandatario será trasladado al Centro de
Justicia Federal ubicado en el penal de Nezahualcóyotl, Estado de México, para
presentarlo ante el juez quien le informará los delitos que se le imputan y
dará un plazo de 72 horas —puede duplicarse el término si así lo solicita la
defensa— para decidir si vincula o no a proceso al exgobernador.
A continuación, te presentamos las acusaciones a las que
deberá hacer frente el exmandatario:
EL MILLONARIO QUEBRANTO AL ESTADO
Borge Angulo —quien llegó al poder con 31 años de edad y fue
nombrado como parte de la nueva generación del PRI— será procesado y enjuiciado
por tres delitos del fuero común integrados desde la Fiscalía General de
Quintan Roo, que ahora gobierna el aliancista, Carlos Joaquín González.
De acuerdo con la dependencia, en la integración del
expediente se contabilizó un quebranto al erario superior a los 3,000 millones
de pesos, derivados de acciones como la venta de terrenos de propiedad estatal
al 6% de su valor comercial.
Entre los posibles beneficiarios de esas acciones se señaló
a María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del exgobernador, y César Celso
González Hermosillo y Melgarejo, supuesto prestanombre del expriista.
A estas acusaciones se suma también la utilización de
aeronaves operadas por el gobierno estatal para trasladar a personas cercanas
al exmandatario como familiares y al también exgobernador Félix González Canto.
Asimismo, se comprobó que durante su gestión, se subarrendaron 22 empresas
ligadas a políticos para prestar servicios de taxis aéreos por 1,000 millones
de pesos, a través de la paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV
(VIP Saesa).
LA INVESTIGACIÓN FEDERAL
La enajenación de inmuebles propiedad del estado a precios
por debajo de su valor comercial fue llevada por el gobierno de Quintana Roo a
la Procuraduría General de la República (PGR) que en febrero de 2017 logró el
aseguramiento de 25 propiedades al considerar que se trataba de una operación
con recursos de procedencia ilícita.
El valor comercial de dichos predios supera los 5,000
millones de pesos, de acuerdo con información proporcionada por la dependencia.
Días después del aseguramiento, el secretario de la Contraloría
de Quintana Roo, Rafael del Pozo, señaló que la denuncia presentada fue por 850
hectáreas, pero que en realidad eran 9,500 hectáreas las enajenadas de manera
irregular.
Por este delito, el exgobernador podría pasar en prisión de
5 a 15 años y se haría acreedor a una multa de entre 1,000 y 5,000 días, de
acuerdo a lo establecido en el Código Penal Federal.
... Y TAMBIÉN EN LA FEPADE
Además de las anteriores acusaciones en su contra, el
exmandatario tiene un expediente más en la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el presunto desvío de 200 millones
de pesos en 2016.
Se presume que los recursos se utilizaron para beneficiar a
la campaña del entonces candidato del PRI a gobernador, Mauricio Góngora, quien
perdió los comicios frente a Carlos Joaquín González.
De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos
Electorales, las penas para servidores públicos que destinen o permitan la
utilización de fondos y bienes públicos para el apoyo o perjuicio de candidatos
a cargos públicos van de los dos a los nueve años de prisión.
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