Corrupción al interior de los ministerios públicos, extorsión, feminicidios, homicidios dolosos, desaparición forzada de personas, violaciones, violencia familiar, secuestro, robo a transporte de carga, al transporte público y el servicio profesional de carrera, son algunos temas que fueron cuestionados por parte de los integrantes del Poder Legislativo durante la comparecencia del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro Gómez Sánchez.
Al proseguir con las comparecencias y al responder a los cuestionamientos de los legisladores, Gómez Sánchez dio a conocer que en el Estado de México se ha detectado la presencia de los grupos delictivos de la Familia Michoacana, del Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de la Unión Tepito, el Cartel del Nuevo Imperio, el Cartel del Sur, así como células de los carteles del Golfo y de Sinaloa.
“Las entidades federativas estamos haciendo frente a la delincuencia organizada, pero no contamos con las herramientas jurídicas que se prevén en la Ley federal contra la delincuencia organizada. Ya viene un proyecto de reformas que se está gestionando en el Congreso de la Unión que tiene como fin devolver la competencia
a las entidades federativas y otorgarles las herramientas para poder llevar a cabo estas investigaciones”, expuso.
En el tema de la extorsión, indicó que es uno de los delitos que crecieron durante la pandemia con un incremento de cerca del 24 por ciento y se concentra en los municipios de Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, La Paz, Chicoloapan, Tecámac, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca y Nicolás Romero.
Añadió que además del llamado “derecho de piso”, han detectado una nueva forma de extorsión que consiste en la imposición de un solo proveedor para ciertos productos básicos, como ocurre en el sur de la entidad y añadió que en lo que va del año tienen registrados 2 mil 483 delitos de extorsión, 368 personas detenidas, 154 carpetas vinculadas a proceso contra 247 personas vinculadas y 67 sentencias condenatorias contra 107 personas vinculadas.
“En el tema de corrupción, somos la institución pública que tiene más asuntos en el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa por los informes de responsabilidad, por lo que ce 13, cinco ya son sentencia y los otros están en proceso. Hemos logrado la judicialización de 247 carpetas, de las que 73 son en contra de 138 imputados”, explicó.
Gómez Sánchez abundó que el delito de trata de personas no se recibe en la barandilla del ministerio público, sino que se tiene que salir a buscar al generar investigaciones para llegar a este tema, por lo que en la realización de 19 operativos lograron el rescate de 38 víctimas, se albergaron 23 víctimas y se lograron varias órdenes de aprehensión.
Finalmente sobre los médicos legistas y la parte de servicios periciales hay un gran déficit, pues actualmente existen 315 plazas de las que solo 277 están ocupadas y 38 van a ser objeto de una convocatoria.
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