Chimalhuacán, Méx.- Invasores profesionales, al mando de un individuo de nombre Luis “N”, ocuparon violentamente 13 mil metros cuadrados en la calle Prolongación Aldama de la cabecera municipal y, apoyados con maquinaria pesada, comenzaron a estacar para “fraccionarlo” a familias pobres.
De nada valieron las súplicas de la propietaria del terreno, Aurelia Valverde Galicia, quien apoyada por abogados exhibió escrituras públicas registradas en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), ya que los invasores, presuntamente protegidos por autoridades de la administración anterior, ingresaron al predio con machetes y armas de fuego, destruyeron la malla que protegía los terrenos y sacaron a los inquilinos, amenazando con matarlos si se oponían al despojo.
Lo anterior, ocurrido el pasado 14 de marzo, fue denunciado por los abogados Roberto Rivera López y Rosalba Avila Galicia, quienes hicieron un llamado urgente al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza y al fiscal de la entidad, José Luis Cervantes, para que se investiguen los hechos y se proceda conforme a Derecho, ya que los fraccionadores clandestinos, quienes encabezaban a decenas de familias precaristas que iban acompañadas de sus hijos pequeños, manifestaron que el terreno es de su propiedad porque así fue avalado por la Dirección de Catastro del gobierno anterior.
Los querellantes manifestaron que denunciar el atropello les costó un peregrinar por los Centros de Justicia dependientes de la Fiscalía del Estado, ya que los agentes del Ministerio Público se negaban a iniciar las demandas, por lo que presumen que dichos funcionarios están en contubernio con los depredadores.
Informaron que las autoridades locales, encabezadas por Xóchitl Flores, ordenaron suspender los trabajos y colocaron sellos de clausura, pero eso no importó a los invasores, quienes los rompieron y se metieron a la fuerza.
En conferencia de prensa, con videos en mano, señalaron que los delincuentes mencionados son los mismos que desde agosto de 2020 se han dedicado a ocupar predios presuntamente abandonados de la cabecera y sus alrededores. Indicaron que así ocurrió con un terreno de 13 mil metros cuadrados en la calle San Juan, barrio San Pedro, donde los delincuentes derribaron la barda y la malla que protegía el terreno. El propietario recibió un machetazo en el hombro y ni así pudo levantar su demanda, ya que no había médico legista en el Centro de Justicia. Días después, en el lugar se ofertaban lotes de 120 metros cuadrados en 338 mil pesos cada uno.
De igual forma, en junio y agosto de 2020, el mismo invasor penetró a sendos predios en la Av. Corregidora para venderlos a “precios accesibles” a familias precaristas de su organización política.
Los denunciantes señalaron que para “proteger” las áreas invadidas, decenas de sujetos pernoctan en las noches en los terrenos recién ocupados y prenden fogatas para intimidar al vecindario. Están armados y amenazan de muerte a quien los cuestiona.
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