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En reuniones de comisiones unidas se avalaron reformas a la
Constitución del Estado Libre y Soberano de México, para establecer la
obligación del Estado para tratar y erradicar el analfabetismo, agilizar los juicios en donde intervienen personas que requieren por
ley protección especial y garantizar el derecho de acceso y disposición de
agua.
En reunión de
las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y
Administración de Justicia se avaló la iniciativa presentada por el diputado,
Juan Hugo de la Rosa García, la cual determina que, además de
impartir educación básica, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos,
modalidades y niveles educativos, incluyendo la educación inicial, superior e
indígena, considerados necesarios para el desarrollo de la nación; además de que
favorecerá políticas públicas para erradicar el analfabetismo.
De ser ratificado por el Pleno Legislativo, se reformará el artículo
5° de la Constitución Política del Estado de México y diversos artículos del
Código Administrativo.
Por otro lado, se aprobaron ajustes a diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de México, con el propósito agilizar los
juicios en donde intervienen personas que requieren por ley protección especial;
fortalecer la posición del Poder judicial como verdadero garante del interés
superior del menor o incapaz y enfocar los recursos de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México a la materia que la Constitución General de la
República le obliga, que es la investigación y persecución de los delitos, por
ser éste el principal reclamo de la sociedad mexiquense.
Con dicho
ordenamiento se deja claro que toda autoridad administrativa o judicial, en el
ámbito de su competencia, debe velar por la protección del interés superior del
menor.
Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y Protección Ambiental avalaron adicionar un quinto
párrafo al artículo 18 constitucional para quedar: “En el Estado de México toda
persona tiene derecho al acceso y disposición de agua de manera suficiente,
asequible y salubre, para consumo personal y doméstico.
El dictamen,
propuesto por el diputado, José Héctor Entzana, definirá las bases, accesos y
modalidades en que se ejercerá este derecho, siendo obligación de los ciudadanos
su cuidado y uso racional.
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