-
Periodistas de Veracruz firmaron un desplegado lamentando la muerte de Regina Martínez
-
La periodista fue hallada muerta el sábado con huellas de violencia
Comunicadores y activistas se unieron este domingo en
distintas manifestaciones de repudio al homicidio de la periodista Regina
Martínez, quien fue hallada muerta este sábado en su residencia en Xalapa,
Veracruz, con huellas de estrangulamiento y violencia.
Un grupo de 38 periodistas de Veracruz, estado ubicado en el este de México, firmó un desplegado publicado este domingo en el diario La Jornada Veracruz, en el que expresó su indignación por la muerte de Martínez.
"Quienes suscribimos, periodistas de distintos medios de comunicación, no solo lamentamos el crimen de nuestra compañera Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso, sino que estamos indignados porque es el quinto comunicador muerto desde 2010 en la entidad veracruzana", señala el comunicado dirigido al presidente Felipe Calderón, al gobernador Javier Duarte y a los procuradores de la República y de Veracruz.
La muerte de Martínez, confirmada la noche de este sábado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, se suma a las muertes de Miguel Ángel López Velasco, Yolanda Ordaz de la Cruz, Noel López Olguín y Evaristo Ortega Zárate, las cuales han sido reconocidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), detalla el comunicado.
“Por ello es que nos preguntamos qué está pasando con nuestras instituciones y con el esclarecimiento de los crímenes, por eso exigimos justicia y la entrega de resultados”, indica.
La periodista Denise Dresser se unió a las condenas al crimen. “Hay un clamor ciudadano para demandar que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales provean de protección a aquellos cuya labor es ser contrapeso, ser vigilantes, ser el cuarto estado”, dijo en Veracruz al finalizar la presentación de un libro.
“Quien hace periodismo en los estados pone su vida en juego y es hora de denunciarlo”, agregó.
Dresser expresó que la labor de los periodistas para denunciar las agresiones es “salir a las calles, vociferar, exigir, tomar las plazas, manifestarse de cualquier manera” y pidió no dejar que la muerte de Martínez sea “una estadística más en la larga lista de periodistas asesinados”.
Dos marchas de protesta fueron convocadas a través de redes sociales en la Ciudad de México y en Veracruz.
En tanto, Amnistía Internacional (AI) exigió una investigación imparcial y llevar a los responsables del crimen ante la justicia.
La organización atribuyó la muerte de la periodista a “la situación de vulnerabilidad que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos”, que intentan revertir dos proyectos de ley analizados en la Cámara baja del Congreso mexicano: la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas y la Ley General de Víctimas, las cuales ya fueron avaladas por el Senado.
La primera iniciativa establece la creación de un Mecanismo para que el Estado atienda su responsabilidad de proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Además de que ordena que, en caso de amenazas contra periodistas, se deberá ofrecer protección a sus familias y a las instalaciones del medio de comunicación donde labora.
En el caso de la Ley de Víctimas, su aprobación implicaría que el gobierno otorgue asistencia, protección, y pague indemnizaciones a víctimas de la violencia y sus familiares.
“En caso de que en la sesión del lunes —30 de abril— no se aprueben estos proyectos y queden aplazados a futuros periodos de sesiones, se prolongaría innecesaria e irresponsablemente la actual situación de vulnerabilidad”, señaló la organización en un comunicado.
Por otra parte, el gobernador Javier Duarte lamentó la muerte de la periodista y ordenó a la Procuraduría General de Justicia del Estado agotar las líneas de investigación y los recursos de la ley para esclarecer el hecho, “que agravia a los veracruzanos y lastima al gremio periodístico”, informó el gobierno de Veracruz en un comunicado.
En Veracruz aumentaron 200% las agresiones contra la libertad de expresión durante el año pasado, según un informe publicado por la organización Article 19.
Con 29 casos, la entidad encabeza la lista de México con más agresiones, seguida del Distrito Federal (21), Chihuahua (15), Coahuila (15) y Oaxaca (11).
La intimidación a los periodistas y la negligencia del Estado en las investigaciones han provocado una disminución en las denuncias de ataques a la libertad de expresión en México y Centroamérica, detalló Article 19.
En diciembre, un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Veracruz como uno de los 10 lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, junto con otras ciudades de Egipto, Libia, Siria y Costa de Marfil.
Un grupo de 38 periodistas de Veracruz, estado ubicado en el este de México, firmó un desplegado publicado este domingo en el diario La Jornada Veracruz, en el que expresó su indignación por la muerte de Martínez.
"Quienes suscribimos, periodistas de distintos medios de comunicación, no solo lamentamos el crimen de nuestra compañera Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso, sino que estamos indignados porque es el quinto comunicador muerto desde 2010 en la entidad veracruzana", señala el comunicado dirigido al presidente Felipe Calderón, al gobernador Javier Duarte y a los procuradores de la República y de Veracruz.
La muerte de Martínez, confirmada la noche de este sábado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, se suma a las muertes de Miguel Ángel López Velasco, Yolanda Ordaz de la Cruz, Noel López Olguín y Evaristo Ortega Zárate, las cuales han sido reconocidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), detalla el comunicado.
“Por ello es que nos preguntamos qué está pasando con nuestras instituciones y con el esclarecimiento de los crímenes, por eso exigimos justicia y la entrega de resultados”, indica.
La periodista Denise Dresser se unió a las condenas al crimen. “Hay un clamor ciudadano para demandar que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales provean de protección a aquellos cuya labor es ser contrapeso, ser vigilantes, ser el cuarto estado”, dijo en Veracruz al finalizar la presentación de un libro.
“Quien hace periodismo en los estados pone su vida en juego y es hora de denunciarlo”, agregó.
Dresser expresó que la labor de los periodistas para denunciar las agresiones es “salir a las calles, vociferar, exigir, tomar las plazas, manifestarse de cualquier manera” y pidió no dejar que la muerte de Martínez sea “una estadística más en la larga lista de periodistas asesinados”.
Dos marchas de protesta fueron convocadas a través de redes sociales en la Ciudad de México y en Veracruz.
En tanto, Amnistía Internacional (AI) exigió una investigación imparcial y llevar a los responsables del crimen ante la justicia.
La organización atribuyó la muerte de la periodista a “la situación de vulnerabilidad que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos”, que intentan revertir dos proyectos de ley analizados en la Cámara baja del Congreso mexicano: la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas y la Ley General de Víctimas, las cuales ya fueron avaladas por el Senado.
La primera iniciativa establece la creación de un Mecanismo para que el Estado atienda su responsabilidad de proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Además de que ordena que, en caso de amenazas contra periodistas, se deberá ofrecer protección a sus familias y a las instalaciones del medio de comunicación donde labora.
En el caso de la Ley de Víctimas, su aprobación implicaría que el gobierno otorgue asistencia, protección, y pague indemnizaciones a víctimas de la violencia y sus familiares.
“En caso de que en la sesión del lunes —30 de abril— no se aprueben estos proyectos y queden aplazados a futuros periodos de sesiones, se prolongaría innecesaria e irresponsablemente la actual situación de vulnerabilidad”, señaló la organización en un comunicado.
Por otra parte, el gobernador Javier Duarte lamentó la muerte de la periodista y ordenó a la Procuraduría General de Justicia del Estado agotar las líneas de investigación y los recursos de la ley para esclarecer el hecho, “que agravia a los veracruzanos y lastima al gremio periodístico”, informó el gobierno de Veracruz en un comunicado.
En Veracruz aumentaron 200% las agresiones contra la libertad de expresión durante el año pasado, según un informe publicado por la organización Article 19.
Con 29 casos, la entidad encabeza la lista de México con más agresiones, seguida del Distrito Federal (21), Chihuahua (15), Coahuila (15) y Oaxaca (11).
La intimidación a los periodistas y la negligencia del Estado en las investigaciones han provocado una disminución en las denuncias de ataques a la libertad de expresión en México y Centroamérica, detalló Article 19.
En diciembre, un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Veracruz como uno de los 10 lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, junto con otras ciudades de Egipto, Libia, Siria y Costa de Marfil.
No hay comentarios:
Publicar un comentario