Naciones Unidas.- El gobierno del Estado de México afirmó ante un comité de
expertos de la ONU que antes de que termine el año podría haber procesados por
los abusos sexuales cometidos en 2006 contra 26 mujeres tras manifestaciones en
el poblado de Atenco.
“Antes de fin de año podríamos tener responsables siendo procesados por el
caso de Atenco”, afirmó Joel Alfonso Sierra Palacios, subsecretario de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de México en entrevista con
Notimex.
Tras participar como parte de la delegación que la víspera expuso el informe
anual de México ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el funcionario
dijo que “no habrá impunidad” en el caso.
“Con toda seguridad se van a obsequiar órdenes de aprehensión en contra de
los responsables. Estamos muy confiados en ello”, manifestó el funcionario al
adelantar que los procesos judiciales en contra de los sospechosos podrían
comenzar “en unas semanas”.
Tras las acusaciones de abuso interpuestas luego de las manifestaciones de
2006 en Atenco, las autoridades detuvieron a 29 policías por “abuso de autoridad
y actos libidinosos”, aunque todos fueron puestos en libertad.
La única persona juzgada por ese caso recibió una sentencia de tres años, que
conmutó con el pago de una fianza. Dicha persona ya no podrá ser vuelta a
juzgar, de acuerdo con Sierra Palacios.
Durante la sesión de este martes, expertas de la ONU cuestionaron el hecho de
que luego de seis años del incidente no haya ni una sola persona
castigada, puesto que hay suficientes elementos probatorios sobre la
tortura sexual cometida contra las mujeres de Atenco.
Sierra Palacios aseveró a Notimex que los responsables serán juzgados ahora
por el delito de tortura, lo que implica una pena de entre tres a 12 años de
prisión, que no puede ser conmutada mediante el pago de fianza.
Sin embargo, organismos civiles presentes en la sesión del CEDAW emitieron un
comunicado en que pusieron en duda el compromiso del gobierno del Estado de
México -entidad vecina a la capital mexicana- con la justicia en el caso de
Atenco.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Organización
Mundial contra la Tortura destacaron que, hasta el momento, ni las mujeres de
Atenco ni su representación legal tienen información sobre la consignación de la
averiguación o las órdenes de aprehensión.
La autoridad tiene la obligación de rendir cuentas, en primer término, a las víctimas del delito de tortura sexual, informando a las denunciantes sobre el fin de las investigaciones y conclusiones que de éstas derivarán, así como de la supuesta consignación que hiciera de la averiguación previa”, indicaron.
Consideraron que el gobierno estatal tiene la obligación de impartir justicia
a las víctimas en vez de buscar el reconocimiento de instancias internacionales
ante “una procuración de justicia inexistente”.
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