El sábado por la noche, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, “informó que Samantha Olivarez Vázquez fue internada en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, al estar relacionada con la filtración de la ficha signalética de Elba Esther Gordillo en redes sociales el pasado 28 de febrero. Olivarez Vázquez se desempeña como técnico penitenciario en el área jurídica de esta dependencia capitalina y fue ingresada a este centro penitenciario femenil a las 21 horas de este sábado” (nota de mi compañero José Antonio Belmont).
Durísima sanción la cárcel en relación a la falta. Luego nos preguntamos por qué nuestras prisiones están saturadas, pero esta es otra discusión.
Unos días, mejor dicho unas horas antes, el subprocurador jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Jorge Mirón Reyes, había estado en Washington, DC, en la sede la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para defender la práctica de exhibir a detenidos después de ser arrestados.
Dicha práctica fue condenada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (recomendación 312). Esa recomendación fue rechazada por el Gobierno del Distrito Federal en el sexenio anterior. El actual gobierno, que encabeza Miguel Ángel Mancera, ha continuado haciéndolo y ahora viajó a Washington a defender el hábito de exhibir detenidos.
Dijo el subprocurador Mirón: “A nosotros nos parece que esta práctica (...) ha favorecido la cultura de la denuncia, que una vez que estas personas (detenidas) han sido identificadas esta política ha fortalecido el derecho a la información”. Añadió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha decretado inconstitucional la exhibición de personas detenidas ante la opinión pública y por ello considera que se apega a los derechos humanos.
¿Cómo?
¿Si “fortalece el derecho a la información”, por qué hay una persona en la cárcel por exhibir la imagen de una detenida?
En la misma lógica, ¿no deberíamos premiar a Olivarez Vázquez por favorecer la cultura de la denuncia, el derecho a la información?
¿Por qué no están detenidos los funcionarios que hacen desfilar a los detenidos, todos los días, frente a los medios?
El doble discurso.
El GDF jugando para la tribuna. Queriendo ganar aplausos —y la felicitación del gobierno federal— a costa de la congruencia y el respeto a los derechos humanos.
¿Por qué lo que vale para Elba no vale para todos los demás?
El comisionado Rodrigo Escobar, relator para México de la CIDH, dijo en la audiencia de la semana pasada: “Es mi deber expresar en este escenario que realmente (...) me parece que es una práctica inadmisible y que es contraria a los derechos humanos, claramente violatoria de la dignidad de la persona humana, del derecho a la intimidad, a la honra”.
Pues sí.
Durísima sanción la cárcel en relación a la falta. Luego nos preguntamos por qué nuestras prisiones están saturadas, pero esta es otra discusión.
Unos días, mejor dicho unas horas antes, el subprocurador jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Jorge Mirón Reyes, había estado en Washington, DC, en la sede la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para defender la práctica de exhibir a detenidos después de ser arrestados.
Dicha práctica fue condenada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (recomendación 312). Esa recomendación fue rechazada por el Gobierno del Distrito Federal en el sexenio anterior. El actual gobierno, que encabeza Miguel Ángel Mancera, ha continuado haciéndolo y ahora viajó a Washington a defender el hábito de exhibir detenidos.
Dijo el subprocurador Mirón: “A nosotros nos parece que esta práctica (...) ha favorecido la cultura de la denuncia, que una vez que estas personas (detenidas) han sido identificadas esta política ha fortalecido el derecho a la información”. Añadió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha decretado inconstitucional la exhibición de personas detenidas ante la opinión pública y por ello considera que se apega a los derechos humanos.
¿Cómo?
¿Si “fortalece el derecho a la información”, por qué hay una persona en la cárcel por exhibir la imagen de una detenida?
En la misma lógica, ¿no deberíamos premiar a Olivarez Vázquez por favorecer la cultura de la denuncia, el derecho a la información?
¿Por qué no están detenidos los funcionarios que hacen desfilar a los detenidos, todos los días, frente a los medios?
El doble discurso.
El GDF jugando para la tribuna. Queriendo ganar aplausos —y la felicitación del gobierno federal— a costa de la congruencia y el respeto a los derechos humanos.
¿Por qué lo que vale para Elba no vale para todos los demás?
El comisionado Rodrigo Escobar, relator para México de la CIDH, dijo en la audiencia de la semana pasada: “Es mi deber expresar en este escenario que realmente (...) me parece que es una práctica inadmisible y que es contraria a los derechos humanos, claramente violatoria de la dignidad de la persona humana, del derecho a la intimidad, a la honra”.
Pues sí.
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