Según el fallo, el Instituto Universitario Verdad y Ciencia,
ubicada en Metepec, Estado de México, deberá pagar la indemnización a Angélica
M., madre del niño afectado.
El ministro Arturo Zaldívar afirmó que la sentencia, avalada
por unanimidad, es una invitación a las escuelas particulares y públicas del
país para que presten atención al acoso escolar.
Aseveró que este fenómeno no puede seguir siendo tolerado y
las escuelas deben saber que puede haber una consecuencia si no se toman cartas
en el asunto.
Zaldívar explicó que si este caso de acoso escolar hubiera pasado en una institución pública, el
responsable sería el Estado.
ORDENAN INDEMNIZAR A NIÑO VÍCTIMA DE BULLYING
En una resolución histórica y por unanimidad, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a un niño víctima de bullying en
una escuela particular del Estado de México, por lo que la institución
educativa deberá pagar, como indemnización por los daños sufridos por el menor,
500 mil pesos.
De acuerdo con el ministro ponente, Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, la sentencia dictada ayer es una invitación a las escuelas,
particulares y públicas, del país a prestar atención a los casos de acoso escolar
en los planteles, y evitar así se provoquen daños sicológicos y físicos contra
los menores.
“Más que una advertencia es una invitación para que
entiendan que este fenómeno no puede seguir siendo tolerado y, en caso de que
no se tomen las medidas por las instituciones y escuelas, que sepan que puede
haber una responsabilidad y una consecuencia”, expuso.
Para los cinco ministros que integran la Primera Sala de la
SCJN es imperativo contar con deberes claros y definidos para quienes tienen
bajo su cuidado a menores de edad, por lo que la sentencia dictada ayer
establece recomendaciones específicas para el Estado, para que sea posible
identificar, prevenir y combatir el fenómeno del bullying en todo el
territorio.
“Es importante cambiar la cultura de nuestro país hacia una
cultura de la responsabilidad, que entendamos que cuando se trabaja con niños
se tiene una responsabilidad, las instituciones educativas privadas no son sólo
un negocio, tienen una responsabilidad constitucional en la educación y la salvaguarda,
física y sicológica de los menores”.
Excélsior adelantó el pasado jueves de la demanda de
Angélica M, madre de familia que exige el pago por indemnización al Instituto
Universitario Verdad y Ciencia, localizado en Metepec, Estado de México, por
500 mil pesos, derivado del daño físico y sicológico provocado al menor por el
acoso sufrido durante el segundo grado de primaria.
“Se concede el amparo para ordenar al centro educativo
reparar el daño sicoemocional sufrido por el niño. Por lo tanto se condena a la
escuela Instituto Universitario Verdad y Ciencia a pagar 500 mil pesos al
menor”, dicta la sentencia.
En entrevista, el ministro Zaldívar explicó que para llegar
a la resolución favorable al menor se comprobó plenamente que había conductas de
bullying por parte de la profesora María Luciana Popoca en contra del menor, y
de igual forma se probó que el niño había estado estudiando en un ambiente
hostil, ya que el instituto no tomó ningún curso de acción para cumplir con sus
deberes de vigilar y proteger a los menores a su cuidado.
“Si esto hubiera pasado en una institución pública, el
responsable sería el Estado, ya sea la Federación o alguno de los estados,
dependiendo. En este caso la madre del menor avisó de manera reiterada a la
institución, pero la escuela no tomó las medidas necesarias y por eso
consideramos que la actitud de la institución educativa fue negligente y de
alguna manera avaló o respaldó esa conducta tanto de la profesora como de los
otros niños”, dijo.
Los ministros de la Primera Sala establecieron que, al
cuantificar el monto de la compensación que pagará la escuela, debía tomarse en
cuenta el daño sufrido, así como el grado de responsabilidad y la situación
económica de la institución responsable.
Ante la resolución del máximo tribunal del país, el asunto
será regresado a un tribunal colegiado para que éste dicte sentencia en favor
del niño, siguiendo los parámetros establecidos por la Corte.
La Primera Sala determinó que el bullying, además de violar
los derechos del niño a la dignidad, integridad y educación, también puede
constituir un tipo de discriminación
—como sucedió aquí—, pues el niño tiene trastorno de déficit
de atención con hiperactividad. Destacó que si bien no es claramente una discapacidad,
los niños que lo padecen están en situación de vulnerabilidad, por lo que
requieren medidas de protección reforzadas.
Dentro y fuera de las aulas
Este diario ha informado de casos de acoso que han terminado
en tragedia.
En Jalisco, un niño de seis años fue agredido en sus
genitales por tres infantes en los baños de una primaria de un barrio de
Guadalajara.
Cuatro compañeros le hicieron “columpio” a Héctor Alejandro
Méndez Ramírez, alumno de secundaria en Tamaulipas. Sufrió muerte cerebral y su
corazón no resistió.
Un niño de 13 años falleció cinco días después de que sus
compañeros le hicieron “bolita” en una secundaria de Tampico.
Otro joven de Morelos, de 16 años, murió asfixiado en el
salón de clases también por una “bolita”.
Madre de acosado clama por justicia
Rebeca Ramírez, madre de
Héctor Alejandro Méndez, estudiante de la Secundaria 7 de Ciudad
Victoria, Tamaulipas, acusó que a un año de la muerte de su hijo, víctima de
bullying, no se ha hecho justicia y la profesora Denisse Soiré Serna Muñiz
sigue prófuga.
“La maestra está prófuga de la justicia. Unos dicen que está en Estados Unidos, otros que
en Soto la Marina. En lo personal, a quienes me preguntan cómo va el caso de mi
hijo, les digo que está detenido”.
En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia,
Rebeca explicó que un juzgado dictó una sentencia de trabajo comunitario a los
menores involucrados en la muerte de Héctor, pero los familiares apelaron.
“Me da tristeza decirlo, y no porque les guarde rencor o
coraje, pero ellos siguen libres, ellos siguen en la escuela, no en la misma
escuela, pero siguen estudiando, haciendo su vida normal”.
Dijo que el proceso judicial ha sido muy lento y que en un
año sólo ha ido a escuchar dos declaraciones. “Ahí yo siento que no está
pasando nada”.
La madre de Héctor manifestó su frustración por la respuesta
y el seguimiento dado a este caso por las autoridades judiciales y educativas.
“Es ilógico que te digan que cada escuela tiene protocolo de
seguridad y que la directora declare que sí hay un protocolo, pero que no
siempre se sigue. Y que el secretario de Educación diga que todas las escuelas
tienen médico de planta, pero la directora declare que el médico se fue porque
no hay a qué quedarse”.
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