El gobernador Eruviel Ávila y el jefe de gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, han convertido en una disputa electoral
la solución de los problemas de más de 20 millones de habitantes que cohabitan
en el Valle de México.
El retraso para prevenir y remediar la crisis de transporte,
seguridad, infraestructura y ambiental parece desentramparse, motivado por los
tiempos políticos como mero botín de campaña que ambos pretenden capitalizar.
Sin la presencia de su homólogo del Estado de México, este
fin de semana Mancera Espinosa anunció la reactivación del proyecto para
ampliar la Línea A del Metro, de La Paz a Chalco.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México aseguró que la
Secretaría de Hacienda acordó con su administración asignar 250 millones de
pesos al proyecto.
“Habrá presupuesto este mismo año para trabajar un proyecto
ejecutivo de la ampliación de la Línea A del Metro, lo cual reactiva este
proyecto, esperemos que en los tres años que nos restan de ejercicio de
gobierno podamos concluirlo”, confió Mancera.
Para edificar los 13 kilómetros adicionales, destacó la
necesidad de que en 2017 se destinen recursos a obras de ingeniería y trenes
adicionales.
No obstante, Mancera afirmó que la ejecución correrá a cargo
del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y jamás aludió a la participación del gobierno del
Estado de México.
En revancha, apenas tres días después y también sin la
presencia de su similar capitalino, Ávila Villegas hizo públicos los avances
del Tren México-Toluca que trasladará más de 270 mil pasajeros diarios, e irá
desde Zinacantepec –con escalas en la capital mexiquense, Metepec, Lerma y
Santa Fe– hasta el Metro Observatorio.
La obra de 57.7 kilómetros que conseguirá en 39 minutos el
traslado de Toluca a Observatorio implicará una inversión superior a los 30 mil
millones de pesos en inversión privada, participación federal y, “en menor
medida, estatal, que sobre todo apoya con el derecho de vía”.
En el acto, Ávila Villegas recordó que este fue el primer
compromiso de su campaña por la gubernatura, y se congratuló por la reanudación
de la ampliación del Metro Chalco-La Paz.
“Siempre dije que estaba vigente”, reprochó, tras reconocer
que esta obra será posible con la colaboración de las secretarías de Hacienda,
Comunicaciones y Transportes, de la Ciudad de México y de “mi amigo Mancera”.
Además, aclaró que el gobierno mexiquense también ha
invertido en el proyecto: 307 millones de pesos de la administración anterior
en la compra de 40 hectáreas para la estación Chalco, y 17 millones de la
actual para estudios de prefactibilidad.
En julio de 2014, el presidente Enrique Peña comprometió la
ampliación de la línea A hasta Chalco.
“Son muchos los mexiquenses que, viviendo en el Estado de
México, viajan todos los días al Distrito Federal porque ahí tienen sus fuentes
de trabajo, o viceversa”, expuso entonces.
En marzo de 2015, Ávila Villegas informó del aplazamiento
del proyecto, pero Mancera anunció tajante su cancelación, en virtud de que la
SCT no había elaborado el proyecto ejecutivo, y la de Hacienda arguyó
insuficiencia presupuestal.
El llamado “Diagnóstico de la movilidad de las personas en
la Ciudad de México” estimaba, para el año 2000, ya en más de 4.2 millones de
viajes por día los intercambios entre ambas entidades, y para 2020 previó 5.6
millones de viajes.
“Efecto cucaracha”
En los últimos años al menos en dos ocasiones las
autoridades de la Ciudad de México reforzaron en materia de seguridad sus
límites con el Estado de México para evitar un “efecto cucaracha” por la ola de
violencia vinculada principalmente con el crimen organizado.
La primera preocupación ocurrió antes de que Miguel Ángel
Mancera asumiera el poder, en septiembre de 2012, cuando confió en que su
antecesor, Marcelo Ebrard, reforzaría la zona limítrofe con apoyo del Ejército,
fundamentalmente a la altura del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.
Ya como jefe de gobierno, en enero de 2014, Mancera Espinosa
informó sobre la puesta en marcha del operativo Escudo Centro para evitar el
ingreso a la ciudad de grupos criminales por los límites del Estado de México,
procedentes de Michoacán, después de que el gobierno federal arreciera sus
políticas de seguridad en aquella entidad.
Mil 200 elementos participaron en sobrevuelos, revisión a
vehículos sospechosos o que no cumplían con la normatividad, motocicletas y
motonetas dispuestos en carreteras de acceso desde municipios como Neza,
Chalco, Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan y Los Reyes La Paz.
Tres meses después Jesús Rodríguez Almeida, titular de la
SSPDF, anunció el reforzamiento de operativos policiacos en Polanco, Condesa,
Roma, Zona Rosa y Tepito para frenar el intento de grupos delictivos por operar
en la capital del país.
A mediados de abril de ese año, asambleístas del PRD
acusaron de incapacidad para abatir los índices delictivos al gobernador
mexiquense, a pesar del aumento de recursos federales para este fin que en 2013
implicaron 531.7 millones de pesos.
El lunes pasado, el gobernador Eruviel Ávila anunció
operativos de seguridad coordinados denominados Policía Metropolitana, pero
sólo con Michoacán y Guerrero, en sus respectivos límites. Otra vez ignoró a su
vecino capitalino.
También en materia de infraestructura metropolitana los
avances son pocos, salvo el puente de Hueyetlaco que une al municipio de
Huixquilucan con la delegación Cuajimalpa, pero que fue proyectado desde 1999
por otras administraciones.
A partir de entonces, la obra fue frenada por la Federación
con el argumento de ausencia de dictámenes de impacto ambiental, y por la
inconformidad de los vecinos.
Para concluir el puente de sólo mil 300 metros, por el que
diariamente circulan entre 17 y 30 mil vehículos, autoridades mexiquenses y
capitalinas acordaron destinar 350 millones de pesos del Fondo Metropolitano.
Después los trabajos se retrasaron por el desgajamiento de
un cerro en la delegación Cuajimalpa, que provocó la muerte de un trabajador.
El entonces presidente de la Comisión de Seguridad Pública
en la Asamblea Legislativa (ALDF), Santiago Taboada, responsabilizó del
incidente al gobierno mexiquense por la opacidad con la que manejó la
información del tipo de construcción.
El legislador panista aseguró que el gobierno mexiquense
faltó a las reuniones entre ambas autoridades y no atendió el punto de acuerdo
aprobado por la ALDF –en cuya votación estuvieron ausentes los priistas– para
demandar la suspensión inmediata de la obra por falta de planeación y omisión
de los requisitos de seguridad.
Fue sólo a principios de 2006 cuando se inauguró la vialidad
Hueyetlaco, que reduce a 15 los 40 minutos de traslado entre Interlomas, en
Huixquilucan, y la delegación Cuajimalpa.
Contingencias
La batalla presidencial fue reactivada a mediados de marzo,
producto de la primera contingencia ambiental en los últimos 14 años para el
Valle de México, que aplicó para la capital del país y 18 municipios
conurbados.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), en
2010 la ZMVM albergaba 35 mil industrias y 3.5 millones de vehículos con altos
consumos de energía fósil (gasolinas, diésel y gas); en 1998, esta región
consumió 301 mil barriles diarios de gasolina.
Mancera señaló al Estado de México como principal
responsable por la corrupción en sus verificentros. Y la entidad mexiquense
respondió con el cierre de los rellenos sanitarios de Tepotzotlán, Cuautitlán
Izcalli, Nicolás Romero y Xonacatlán a ocho mil toneladas diarias de basura
generadas en la Ciudad de México.
Diputados priistas y del PVEM en la Legislatura mexiquense
salieron en defensa de Ávila Villegas y emitieron comunicados para acusar a
Mancera de emitir declaraciones irresponsables y hasta aplaudir la decisión de
cerrar los tiraderos a sus desechos sólidos.
El diferendo fue resuelto a puerta cerrada, con la mediación
de Rafael Pacchiano, secretario federal del Medio Ambiente, al anunciar el
levantamiento de la contingencia ambiental por ozono y la reapertura de los
basureros.
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