El Ejecutivo del Estado de México, informo en su visita en La
Paz, Edomex. Su iniciativa de decreto
para crear la Fiscalía General de Justicia, en sustitución de la Procuraduría
General de Justicia de dicha entidad.
En la entrega de 10 acciones en beneficio a la mujer, en
este municipio. el gobierno mexiquense precisó que el nuevo
organismo será autónomo, con presupuesto propio, estará enfocado a la
investigación científica de los delitos y desempeñará sus atribuciones en forma
independiente, imparcial y objetiva.
Avila Villegas, asegura que el cargo de fiscal será de nueve
años, para evitar que esté ligado a los periodos sexenales de gobernador y
trienios legislativos.
La Fiscalía contará con una mayor especialización, control y
transparencia en las investigaciones y persecución de los delitos, contando con
independencia técnica, funcional, financiera para atender con eficacia y
eficiencia su función en beneficio de los mexiquenses.
La dependencia estará a cargo de un Fiscal General;
establecerá como requisito para ocuparlo tener una experiencia en la
investigación y persecución de los delitos y en la administración pública, así
como un periodo de 10 años en el ejercicio de la profesión.
El nombramiento se hará bajo un mecanismo a partir de una
lista de al menos 10 candidatos, aprobada por la Legislatura, la cual se
enviará al Ejecutivo Estatal para que formule una terna y la ponga a
consideración del Legislativo.
on base en la terna y previa comparecencia de las personas
propuestas la Legislatura designará al Fiscal General con el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes, dentro del plazo de 10 días. La
iniciativa contempla que en caso de que no se envíe la terna referida la
Legislatura tendrá 10 días para designar al Fiscal General de entre la lista
original.
El Fiscal General podrá ser removido del cargo cuando incurra
en violaciones graves a la ley o por dejar de cumplir cualquiera de los
requisitos para su designación.
Con esta nueva
iniciativa se fortalecerán los servicios periciales y los de análisis de la
información, así como los mecanismos alternativos de solución de controversias
en materia penal que fomenten soluciones tempranas de los casos penales.
También se plasma la obligación de fijar las bases para un
servicio de carrera, con objeto de formar servidores públicos profesionales.
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