MÉXICO, D.F., septiembre .- Las autoridades de Estados Unidos capturaron en 2010 a Jean Baptiste Kingery y pocas horas después lo pusieron en libertad, a pesar de haber confesado traficar partes de armas de fuego y granadas a México para ensamblarlas y posteriormente entregarlas al cártel de Sinaloa y “La Familia Michoacana”.
El Departamento de Justicia y el Congreso investigan las causas por las cuáles los fiscales en la Procuraduría de Arizona dejaron libre al indiciado, que fue detenido el pasado 31 de agosto por la Policía Federal según el diario The Wall Street Journal (WSJ), aunque oficialmente la Procuraduría General de la República (PGR) en México hizo pública la detención hasta el día de ayer.
Según el diario neoyorquino, autoridades mexicanas también habrían tenido la oportunidad de detener a Kingery con partes de granadas a principios de 2010, pero fallaron en su intento.
La publicación revela que un informante confesó a autoridades de Estados Unidos que el mes pasado le había surtido a Kingery componentes para fabricar unas dos mil granadas.
Al momento de su detención en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, el ciudadano estadounidense se encontraba en posesión de material para construir unos 500 artefactos explosivos.
La nueva investigación coloca nuevamente en el ojo del huracán a las instituciones de procuración de justicia en Arizona, que también estuvieron encargadas de supervisar el fallido operativo "Rápido y Furioso" que permitió de forma deliberada la entrada ilegal de miles de armas a territorio mexicano que terminaron en manos de los cárteles de la droga.
En junio de 2010, Kingery fue detenido por agentes de la ATF en Arizona en posesión de 116 cascos para armas granadas luego de meses de tenerlo bajo vigilancia.
Entonces confesó a las autoridades estadounidenses que colaboraba en la operación de una casa de seguridad en México en donde construía artefactos explosivos con componentes de granadas provenientes de Estados Unidos, para luego entregarlas al cártel de “La Familia Michoacana”.
Además asegura que ayudó a esa organización a convertir rifles semiautomáticos en metralletas de tipo militar.
A través de un comunicado, la PGR dijo que las granadas y las armas de fuego que ensamblaba en dicha casa de seguridad eran también entregadas a la organización que lidera Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Pese a sus comprometedoras confesiones, la Fiscalía de Arizona lo puso en libertad tras sólo haber permanecido unas cuantas horas en custodia.
El agente que entonces lideró el caso de las granadas de Kingery, Peter Forcelli, dijo que "estaba horrorizado con la idea de dejar en libertad a este individuo" y que "prácticamente le rogó" al fiscal Emory Hurley "por permiso para arrestar al sospechoso bajo algún cargo", según un carta enviada al Congreso a nombre de Forcelli por un grupo que provee asistencia legal a oficiales en Estados Unidos.
-Ligas con "Rápido y Furioso"
De acuerdo con fuentes a las que tuvo acceso el WSJ, oficiales de la Fiscalía General de Estados Unidos discuten que Hurley, quien supervisó tanto el caso Kingery como la operación "Rápido y Furioso", hubiera declinado en consignar al sospechoso, y aseguran que los fiscales querían darle un mayor seguimiento al caso para fincar cargos posteriormente.
Además, oficiales de la oficina del fiscal general aseguraron a investigadores del Congreso que los agentes de la ATF pusieron en libertad a Kingery porque lo querían convertir en informante. Según el diario, el traficante confeso mantuvo contacto con los oficiales de la ATF en Phoenix durante varias semanas pero luego desapareció.
En lo que se ha convertido en un agudo pleito entre la Fiscalía de Phoenix y la ATF, fiscales involucrados en el caso acusan a los agentes de la agencia para el control de armas de cometer errores en las etapas iniciales de la investigación.
Aseguran que entre enero y febrero de 2010, agentes de México y Estados Unidos idearon un plan que permitiría al sospechoso recoger cientos de partes de granadas en suelo norteamericano y cruzar la frontera hacia territorio mexicano, pero en el desarrollo del operativo los agentes de Estados Unidos perdieron a Kingery en la carretera y las autoridades de México fallaron en detenerlo cuando cruzó la frontera.
Durante las últimas semanas investigadores del Departamento de Justicia han recopilado información sobre el caso de las granadas y sus hallazgos influyeron en el destino de Kenneth Melson y Dennis Burke, quienes recientemente dejaron sus cargos como director de la ATF y Fiscal de Arizona, respectivamente.
Investigadores de las oficinas de los congresistas republicanos Darrell Issa y Chuck Grassley, dos de los más insistentes en destapar el caso de "Rápido y Furioso", dijeron al diario que usarán la investigación de Kingery como una extensión de las pruebas en contra del plan que permitió la entrada de miles de armas a México.
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