Se aplicará la misma pena para delitos de homicidio calificado y
violación tumultuaria. PRD: la ley impide la reinserción social; PRI y
PAN: se atiende una exigencia ciudadana.
El Congreso del Estado de México aprobó aplicar prisión
vitalicia en casos de feminicidio, homicidio calificado, violación
tumultuaria y violación con muerte de la víctima.
Con 71 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, los
legisladores mexiquenses determinaron aumentar también las sentencias
hasta llegar a prisión vitalicia para los secuestradores que propicien
la muerte de la víctima, delito que será considerado como homicidio
calificado, explicó el priista Pablo Basáñez.
“La prisión vitalicia es una pena adecuada al fenómeno de la
criminalidad y una demanda de la sociedad mexiquense que exige sanciones
más duras para quienes lastiman el tejido social”, coincidieron los
diputados.
Las bancadas de PAN, PRI, PRD, Panal, PVEM y PT avalaron por mayoría
las reformas al artículo 7 de la Constitución local propuestas por el
gobernador Eruviel Ávila, diputados del PRD y un legislador
independiente.
Al dictamen avalado hace dos días en comisiones legislativas se le
agregó una propuesta presentada por el panista Gustavo Parra Noriega
para reformar el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales, a
fin de que se autorice una revisión de oficio cada 10 años tratándose de
condenas ejecutoriadas, siempre que existan nuevos elementos de prueba.
Representantes de todos los grupos parlamentarios coincidieron en que
la reforma, más allá de ser una propuesta de partidos o gobernantes, es
la inquietud de los ciudadanos mexiquenses que exigen acciones
contundentes en materia de seguridad y procuración de justicia.
El líder del PRD, Juan Hugo de la Rosa García, dijo que dicha medida
vulnera los derechos humanos de los detenidos, al negarles la
posibilidad de la readaptación social.
“La autoridad, más que adoptar criterios de desesperación social,
tiene que asumir criterios de eficiencia. La prisión vitalicia no eficaz
para la prevención del delito y va en contrasentido de los derechos que
buscan el respeto a la dignidad”, dijo el perredista.
En respuesta, Horacio Jiménez, diputado de Convergencia, dio a
conocer que el sistema de readaptación social ha fracasado, aunado a que
los autores de los delitos de alto impacto tienen un perfil psicológico
que impide su reinserción social.
A nombre del PAN, Karina Labastida dio a conocer que la prisión
vitalicia es un mensaje claro y firme a la actividad de los
delincuentes, aunque esta medida debe estar sostenida con políticas de
prevención y disuasión.
Carlos Iriarte, legislador del PRI, señaló que la aprobación de esta
reforma atiende una demanda de la ciudadanía en materia de justicia, que
se suma a otras leyes que dotan de más herramientas a las autoridades
para garantizar la seguridad de la sociedad.
La reforma prevé endurecer los delitos descritos cuando exista
complicidad de algún servidor público o se realicen utilizando las
funciones del mismo.
También señala que el encubrimiento en estos casos será sancionado
con penas que van de cuatro y ocho años de prisión y de 100 a 300 días
multa; sin embargo, cuando haya varias denuncias se aplicará la pena
máxima de 70 años.
En el caso específico del homicidio calificado, se señala que la pena
será de 40 a 70 años de prisión y de 700 a 5 mil días de multa; lo
mismo que en feminicidios y delito de violación.
El resolutivo incluye una reforma al artículo 23 del Código Penal, en
la cual se indica que la prisión vitalicia equivale a una pena, cuya
duración es igual a la vida del sentenciado.
En tribuna, Antonio García Mendoza, diputado del PSD, reiteró que la
ciudadanía “exige mano dura para abatir la delincuencia y que los
perpetradores de los crímenes más serios no deben escapar al castigo
extremo.
En tanto, la priista Cristina Ruiz aseguró que se trata de “una forma
de pena severa y ejemplar a las conductas que más nos lastiman como
sociedad”.
Su correligionario, Pablo Basáñez, precsó que la rehabilitación no prospera en quienes perpetran este tipo de delitos.
Horacio Jiménez López, de Movimiento Ciudadano, indicó que se ha
demostrado en el tiempo que los intentos de readaptación social han
fracasado, ocasionando el deterioro del tejido social y obstaculizando
el desarrollo de un país. “Son delincuentes con una construcción
psicológica que no pueden readaptarse y más vale tenerlos recluidos”,
dijo.
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