MÉXICO, D.F., enero 18.- El presidente de la Comisión
de la Función Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Escudero Morales,
formalizó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una
denuncia penal en contra de quien resulte responsable por el presunto
delito de fraude en torno a la construcción del monumento Estela de
Luz.
El legislador entregó como pruebas la revisión integral hecha por el
Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, A.C., con la que acreditaría el
presunto inflamiento en los costos de los insumos para elevar el precio
de la obra de manera artificial y hasta por 375 millones de pesos extra a
lo inicialmente presupuestado, lo que casi representa el doble.
Según las autoridades, ese aumento en lo cotizado se debió a que se
amplió la profundidad de la cimentación, pero el Colegio determinó que
estas tareas adicionales “no superarían los 10 millones de pesos”.
El legislador del Partido Verde (PVEM) dijo que el reporte fue
entregado a la procuradora Marisela Morales y está a la espera de ser
llamado para, en su caso, ratificar la denuncia.
Explicó que presentó la querella en su calidad de legislador y para
acatar la ley, pues una vez que contó con los elementos de que hubo
presuntas anomalías en la construcción de la obra, estaba obligado a dar
parte.
“Hay un artículo en el Código Federal de Procedimientos Penales que
dice que cualquier servidor público que advierta que existe la probable
comisión de un delito, lo tiene que hacer del conocimiento de la
autoridad. Yo ya los entregué y por supuesto que si me hablan para
ratificarla (denuncia), iré”.
- Solicitan auditorías
Escudero también entregó el peritaje al titular de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, para que sea
considerado en el informe que rinda sobre la construcción de la
megaobra, inaugurada el pasado 7 de enero por el presidente Calderón y
que, según el reporte oficial, costó mil 35 millones de pesos.
Sin embargo, el legislador anticipó que es previsible que el informe
que dé el auditor sobre la Cuenta Pública de 2011 —que será entregado a
la Cámara de Diputados el próximo 20 de febrero— no contenga las
anomalías que fueron detectadas en el peritaje del Colegio de Ingenieros
pues, según lo revisado, éste fue posterior y data de las últimas
obras, en noviembre de 2011.
“Hay que recordar que ellos (la ASF) nos darán un primer informe,
toda vez que el periodo que se está auditando es 2011; son sólo los
recursos de 2011, entonces nos va a faltar la otra parte de los
recursos” de finales de ese año.
A las indagatorias se sumará el último corte solicitado el pasado
miércoles por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que, por
unanimidad, solicitó a las secretarías de la Función Pública y de
Educación, y a la PGR un informe sobre el estado que guarda la
averiguación previa abierta en torno a la constructora Triple I, que
hasta el momento ha llevado a que 10 funcionarios públicos enfrenten
denuncias penales.
Frase:
“Hay un artículo en el Código Federal de Procedimientos Penales que
dice que cualquier servidor público que advierta que existe la probable
comisión de un delito, lo tiene que hacer del conocimiento de la
autoridad”, Pablo Escudero, diputado del PVEM
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