MÉXICO, D.F.- Tras el cierre del albergue de migrantes “San Juan Diego” de Lechería, Estado de México, Amnistía Internacional (AI) conminó al gobernador de esa entidad, el priista Eruviel Ávila, a asumir su responsabilidad y garantizar la “protección humanitaria” a los indocumentados centroamericanos que se encuentran de paso en ese sitio, así como realizar una investigación exhaustiva sobre los motivos que llevaron a la clausura del albergue.
El pasado 8 de julio el obispo de Cuautitlán, Guillermo Ortiz Mondragón,
ordenó la suspensión de actividades del albergue, luego de que, en la víspera,
se suscitó una confrontación violenta entre migrantes y vecinos del lugar que
permanentemente han rechazado a los indocumentados.
En una carta firmada por el asesor de programas especiales de Amnistía,
Javier Zúñiga Mejía Borja, se aportan algunos elementos que probablemente
influyeron en el cierre del albergue, blanco de actos de hostigamiento y donde
el año pasado fueron asesinados tres migrantes.
Sobre todo, el ambiente hostil en contra del albergue que obligó a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a dictar medidas cautelares que
no fueron acatadas del todo por las autoridades municipales y estatales,
recuerda el representante de AI.
El día del enfrentamiento entre migrantes y vecinos de Lechería, por ejemplo,
dice, “no había ninguna patrulla presente”.
Zúñiga narra en la misiva que, de acuerdo con sus indagatorias, el sábado 7
último tres camionetas, con personas “no conectadas con el albergue”, que
llevaban alimentos a los migrantes, se confrontaron con los vecinos ante la
ausencia de elementos de la fuerza pública que debían estar presentes en el
lugar como lo dictan las medidas cautelares.
El activista resalta que después de la confrontación los residentes se
manifestaron con pancartas e impidieron el acceso de los migrantes al refugio.
“Dos días después, de acuerdo con la información recibida, el encargado del
albergue recibió una amenaza por parte de los vecinos que habían cerrado las
calles colindancon los interesados”.
Los encargados de la casa del migrante, recuerda, han mostrado su disposición a mudarse, pero hasta ahora las autoridades “no han cumplido su promesa de apoyar la reubicación del albergue ni de proteger a los migrantes y defensores que trabajan en el lugar”.
Entre los hechos violentos documentados por Amnistía destacan las amenazas de hombres armados contra dos migrantes el pasado 3 de mayo; en diciembre de 2011, vecinos de Lechería prendieron fuego a chozas improvisadas de migrantes, en demanda del cierre del albergue; en agosto del año pasado, hubo amenazas de quemar el albergue con todo y migrantes si no se cerraba, amenaza que ya habían recibido en enero de ese año.
A ello se suman los asesinatos en 2011 cerca de las vías del tren de María Marisol Ortiz Hernández, quien fue estrangulada, y Julio Alejandro Cardona Agustín, casos de los que Amnistía no tiene información de que las autoridades los hayan investigado o tomado medidas para enjuiciar a los responsables.
De lo ocurrido el 7 de julio, se señala que “es sólo el capítulo más reciente en un patrón de abusos que se ha mantenido en total impunidad”.
La organización considerara que el cierre del albergue es una muestra de las fallas cometidas por “las autoridades tanto a nivel estatal como federal al momento de cumplir con su responsabilidad de brindar protección efectiva al albergue, su personal, los voluntarios y los migrantes, y el no haber cumplido con su responsabilidad de prevenir e investigar los hostigamientos, ataques y abusos perpetrados”.
En la misiva, alerta a Eruviel Ávila que la clausura del refugio puede traer “consecuencias graves para migrantes en condiciones muy precarias que llegan al estado en tránsito hacia el norte”.
Y puntualiza:
“Las autoridades de México en varias ocasiones han expresado su reconocimiento de las condiciones de alta vulnerabilidad con que viajan migrantes irregulares en tránsito por el país, por lo tanto es esencial que los actores de la sociedad civil que se dedican a apoyar humanitariamente sean reconocidos y apoyados para que puedan seguir con este trabajo tan importante”.
Copias de la carta de Amnistía fueron también enviadas al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la misma dependencia, Max Diener Sala.
tes al refugio. La falta de condiciones de seguridad para seguir
el trabajo del albergue obligó a los encargados a cerrar la casa de migrantes”,
explica.
Mejía Borja destaca, asimismo, que Amnistía Internacional ha documentado
“abusos y ataques al personal, voluntarios y migrantes”, así como protestas por
la existencia del albergue, y “ni las autoridades estatales ni federales han
proporcionado la protección necesaria para que el personal y los voluntarios del
albergue puedan llevar a cabo su tarea de defensa de los derechos humanos, ni
han apoyado el trabajo humanitario ante os ataques xenofóbicos presentados”.
A Eruviel Ávila, la organización internacional le pide particularmente que
“tome las medidas necesarias para impulsar la investigación de las acciones
violentas y delictivas” documentadas por Amnistía y que se “lleve a juicio a los
responsables”.
Es esencial, dice el representante del organismo internacional, que “asegure
la protección eficaz de los migrantes en riesgo, de las personas defensoras de
derechos humanos que trabajan con ellos, y brinde las condiciones necesarias
para que el albergue pueda abrir de nuevo garantizando su seguridad, sea en las
instalaciones actuales o sea reubicado en otro lugar de Lechería consultándolo
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