miércoles, 25 de julio de 2012

PRI Y PRD SE ACUSAN DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES


Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) entraron en una nueva disputa por los gastos de campaña de sus respectivos candidatos presidenciales, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, en la que intercambian acusaciones sobre presuntas irregularidades.


La confrontación —en la que han participado varios representantes de ambas fuerzas políticas— comenzó un día después de que el PRI acusara a López Obrador de recibir financiamiento “ilícito” en la contienda electoral.

Aliados de López Obrador, que desde hace varias semanas acusan a Peña Nieto de presuntos gastos excesivos, han descrito esos señalamientos como una “cortina de humo” para intentar cubrir las actividades del aspirante priista.

El dirigente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, acudió por la tarde de este martes al Instituto Federal Electoral (IFE), acompañado de colaboradores y el equipo jurídico del partido, para solicitar a la institución que atienda las quejas que han presentado contra el financiamiento a la campaña de López Obrador y dé a conocer un informe del avance en las investigaciones.

“No venimos a pedir ningún privilegio, sino que todas las denuncias interpuestas se atiendan a la misma velocidad y con la misma profundidad”, dijo Coldwell en conferencia de prensa.

Aseguró que el IFE aceptó entregar el jueves, en su sesión de Consejo General, un informe del avance de las indagatorias, aunque rechazó pedir que éstas se aceleren, como solicita la coalición de izquierda Movimiento Progresista.

El bloque, que postuló a López Obrador, quiere que las pesquisas concluyan antes de septiembre, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) debe pronunciarse sobre la validez de la elección presidencial, de la que Peña Nieto es el virtual ganador.

López Obrador pide al TEPJF que invalide los comicios —en los que quedó en el segundo lugar— porque considera que no fueron libres, equitativos ni imparciales. Según el aspirante, Peña Nieto incurrió en irregularidades como rebasar el tope de gastos de campaña, fijado en 336 millones de pesos, así como compra y coacción del voto e incluso posible lavado de dinero.

El PRI niega esas versiones y asegura que quien cometió faltas fue López Obrador.

La semana pasada, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, señaló que las indagatorias de la Unidad de Fiscalización del IFE están sujetas a plazos legales que no pueden modificarse a voluntad de los partidos.

La acusación del PRI

En su conferencia de prensa de este martes, los priistas aseguraron que López Obrador incurrió en tres delitos.

El primero, según el vocero priista, Eduardo Sánchez, fue un fraude a la ley, al utilizar a las asociaciones civiles Honestidad Valiente y Austeridad Republicana para diseñar una “red oculta” que le proveyera recursos sin tener que reportarlo al IFE.

El portavoz señaló que gracias a esa medida López Obrador pudo hacer proselitismo después de las elecciones de 2006, cuando compitió por la presidencia por primera ocasión.

“Llama mucho la atención que López Obrador habla de inequidad, cuando el resto de los candidatos tuvieron sólo 100 días para hacer campaña y él tuvo más de seis años”, dijo Sánchez.

El segundo delito, agregaron los priistas, fue que el aspirante de la izquierda consintiera que esas organizaciones evadieran el pago de impuestos y cuotas de seguridad social, en tanto el tercero consistió en recibir “financiamiento ilícito” de parte de gobiernos municipales y estatales en manos del PRD.

A lo largo de la contienda, López Obrador ha acusado a varios gobernadores priistas de dar recursos a Peña Nieto. El PRI gobierna en 20 de las 32 entidades del país, en tanto el PRD lo hace en seis. En tres de ellas —Oaxaca, Puebla y Sinaloa— lo hace en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN).

CNNMéxico contactó a los gobiernos de Oaxaca, Puebla y Chiapas para conocer una postura sobre el caso, pero no obtuvo una respuesta inmediata.

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