“El Grupo Parlamentario del PRD
no se opone a dotar de herramientas al Estado en materia de Procuración de
Justicia; pero antes de aprobar iniciativas, el Congreso local está obligado a
estudiarlas a fondo para evitar que se violen las garantías constitucionales y
los derechos humanos de los ciudadanos”, afirmó el diputado Octavio Martínez
Vargas.
Al término de
una jornada médico asistencial en la colonia Héroes de la Independencia en el
municipio de Ecatepec, el también presidente de la Directiva de la Legislatura refirió
que la iniciativa formulada por el gobernador Eruviel Ávila Villegas, busca
dotar de facultades a la Procuraduría de Justicia para combatir la delincuencia
organizada y esclarecer delitos graves.
Indicó que esta
serie de reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales, así como la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, sobre la
instrumentación de técnicas especiales de investigación para delitos de alto
impacto, entre las que se encuentran operaciones encubiertas, agentes
infiltrados, entregas vigiladas y testigos protegidos, no deben convertirse en
herramientas para violar las garantías individuales.
Respecto a los
testigos protegidos, dijo que el tema merece mayor atención, ya que consideró
que en el país esta figura ha sido un “fracaso”. Citó el caso de los 18
alcaldes de Michoacán y el de Benito Juárez, Quintana Roo, que fueron llevados
a una cárcel de máxima seguridad por presuntos vínculos con la delincuencia organizada
y posteriormente liberados por falta de pruebas, “sólo porque un testigo
protegido los señaló pero no aportó pruebas de su culpabilidad”.
“Sería terrible que se violentara el
derecho a la privacidad de los ciudadanos mexiquenses, al ser intervenidos en
su telefonía personal, en las redes sociales, en sus correos electrónicos, vía
satelital o videograbar su vida privada sólo porque fue señalado por un testigo
protegido”, puntualizó el vicecoordinador de los diputados locales del PRD.
Consideró
necesario ampliar el debate, a través de consultas y foros con especialistas,
contrastar con la legislación de otros países, así como evaluar resultados y
errores de la procuración de justicia a nivel federal.
Por otra parte,
el legislador dijo que seguirá atento para exigir a la Procuraduría de Justicia
de la entidad el esclarecimiento del asesinato de su asesor, Daniel Cruz, que
fue ejecutado cerca de su domicilio en Ecatepec el pasado 26 de noviembre.
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