Participación de autoridades en abusos, arrestos
arbitrarios, tortura y violencia contra periodistas, son algunos de los
problemas más graves de México en materia de derechos humanos, de acuerdo con
el documento Informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos de 2016,
publicado por el Departamento de Estado de EU.
Entre las violaciones a derechos humanos en México, el
informe menciona la participación de policías y militares en abusos como
asesinatos, tortura y desapariciones, así como la corrupción en el sistema
legal. También destaca los homicidios, secuestros y extorsiones por parte del
crimen organizado contra periodistas, ciudadanos y defensores de los derechos
humanos.
El documento señala, además, que en el país persisten
arrestos arbitraros, violencia contra los migrantes e indígenas, agresiones
contra la comunidad LGBT y trabajo infantil.
“La impunidad de los abusos a los derechos humanos continúa
como un problema a través del país con tasas extremadamente bajas de
enjuiciamiento de todas las formas de delitos“, agrega el informe.
El documento menciona las ejecuciones extraoficiales
cometidas por militares y policías en Tanhuato, Michoacán; Calera, Zacatecas y
Tlatlaya, Estado de México.
Además, denuncia los asesinatos cometidos por grupos
criminales e informa que de enero a agosto de 2015 “las autoridades
descubrieron más de 724 cuerpos en varias fosas clandestinas a lo largo del
país”.
El documento denuncia que raramente hay investigación,
enjuiciamiento y sentencias por el delito de desaparición. “Hubo muchos
reportes de desaparición forzada por parte de fuerzas de seguridad. Hay
numerosos casos de desapariciones relacionadas a grupos criminales. En su
recolección de datos, el gobierno a menudo juntó personas desaparecidas con
personas extraviadas, haciendo difícil recolectar estadísticas correctas sobre
la extensión del problema“, agrega.
El secuestro “sigue siendo un problema serio para personas
de todos los niveles socioeconómicos, y hubo reportes creíbles de
involucramiento de policías en secuestros por rescates, a menudo a nivel
estatal y local”.
El Departamento de Estado también asegura que pese a que la
tortura está prohibida por la ley, hay reportes de su uso por parte de
oficiales gubernamentales para obtener confesiones. “No hay un registro
nacional de casos de tortura y existe falta de datos en casos de tortura a
nivel estatal”, detalla.
Sobre la libertad de expresión y prensa, “el gobierno
generalmente respetó estos derechos” afirma el reporte, pero posteriormente
señala que “perpetradores de violencia contra periodistas continuaron con
impunidad, con pocos reportes de investigación, arrestos o enjuiciamientos
exitosos de sospechosos”.
“Observadores creen que el crimen organizado está detrás de
algunos de estos casos, pero ONG’s afirmaron que hubo casos en los que
autoridades del gobierno local participaron o condonaron estos actos”, expresa el documento.
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