• Ernesto Nemer Álvarez presentó iniciativa que amplía penas contra quienes incumplan el deber de alimentar a sus hijos.
• En el Estado de México se incrementan casos de abandono alimentario.
• La falta de recursos del padre no será impedimento para proporcionarles
alimentación.
Tutelar de mejor manera y garantizar -con la actualización y fortalecimiento de la legislación respectiva- los derechos alimentarios de niñas, niños y adolescentes, así como ampliar las obligaciones de sus padres o tutores,así como elevar las penas contra quienes incumplan este obligación legal, es el objetivo de la propuesta de reforma legal del diputado Ernesto Nemer Álvarez.
Con el respaldo de los Grupos Parlamentarios del PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista, la iniciativa del representante popular por el Distrito XXXV con sede en Metepec, aseguraría el cumplimiento efectivo de la obligación asumida por el Estado de garantizar la vigencia del principio de igualdad consagrado por el Artículo 5 de la Constitución local.
“Estamos convencidos que desde la Cámara de Diputados debemos asumir un papel pionero en la creación de normas que favorezcan la construcción de programas y políticas públicas que eviten cualquier acto de discriminación o desigualdad por el abandono”, agregó.
Nemer Álvarez puntualizó que por ello es necesario incorporar fórmulas jurídicas que prevengan y, en su caso, sancionen el incumplimiento de la obligación de los padres de dar alimentos a sus hijos. “Es inaplazable reforzar el marco jurídico del Estado de México para garantizar plenamente los derechos de las niñas, niños, adolescentes y quienes por ministerio de ley o resolución judicial tienen facultad para exigir la satisfacción de necesidades básicas como el vestido, la habitación, educación y atención médica”.
El también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI explicó que para quienes declaren con falsedad en los procesos de alimentos, se incrementa la penalidad al establecer de 3 a 7 años de prisión y de cincuenta a mil días de multa; además, el pago de pensión alimenticia definitiva no podrá ser menor a un salario mínimo diario.
La iniciativa de reforma a los códigos Penal, Civil y de Procedimientos Civiles, así como a la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad, se sustenta en el hecho de que cada día se incrementan los casos de abandono alimentario de los hijos, sobre todo cuando se trata de pequeños con alguna discapacidad y cuando los padres se encuentran en proceso de separación o divorcio. Considera también que este abandono constituye una suerte de discriminación, ya que estigmatiza socialmente a quienes lo sufren.
A los jueces de lo familiar los faculta a perseguir "de oficio" estas faltas; indagar ante las dependencias del caso la situación económica y laboral del padre o tutor, para determinar con mayor precisión el monto de las pensiones, y reportar a los demandados ante diversas dependencias, a fin de ubicarlos e identificarlos para que no evadan sus responsabilidades. Al DIFEM se le faculta para crear una base de datos con el registro de los demandados que puedan poner a disposición de las autoridades, para impedir que evadan sus obligaciones.
Turnada a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, la propuesta, que se apoya en ordenamientos nacionales como internacionales a los cuales México está adherido, al igual que en protocolos, declaraciones y programas de acción, estima como de suma gravedad este tema “ante el cual los legisladores debemos responder”.
Nemer Alvarez lo definió como un acto de “elemental justicia”, porque elevaría las sanciones económicas y carcelarias contra los padres o tutores incumplidos, castigando con mayor severidad a quienes mientan durante los procesos familiares relacionados con la alimentación de los hijos y a quienes reincidan en el incumplimiento. También propone que la pensión en ningún caso sea menor al salario mínimo y que la falta de recursos o empleo no sea un impedimento para cumplir con dicha obligación.
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