Prepara CNDH recomendación contra autoridades del Edomex tras cierre de albergue

El organismo, precisó se están revisando todo el mecanismo de traslado a la comunidad de San José Huehuetoca, exigiendo que valgan las medidas mínimas de seguridad para los migrantes.

 

Estado de México  • La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que se prepara una recomendación en contra las autoridades estatales y municipales del Estado de México por el cierre del albergue del migrante en la zona de “lechería”.
El titular de la Quinta Visitaduría del organismo Fernando Batista, informó que se solicitaron como medida preventiva tanto al alcalde del municipio de Tultitlán como al gobernador del Estado México Eruviel Ávila respetar y valer las medidas cautelares para los responsables y residentes en el albergue antes de lograr su cambio de sede.
Asimismo, precisó se están revisando todo el mecanismo de traslado a la comunidad de San José Huehuetoca, exigiendo que valgan las medidas mínimas de seguridad.
Indicó que también se tiene un expediente abierto sobre el caso, donde se está realizando las investigaciones y donde seguramente se emitirá una recomendación a las autoridades estatales y municipales conforme a derecho corresponde.
Atajo que también se está buscando valer las mismas medidas de apremio a los 52 albergues de la pastoral ubicado en la zona de paso de los migrantes, desde la zona de Arriaga Chiapas, hasta Coahuila, porque hay un crecimiento en número de abusos y excesos de otras autoridades estatales.
Con respecto al caso del albergue “Hermanos del Camino” de Ciudad Ixtepec en Oaxaca y su responsable el padre Alejandro Solalinde, dijo que se ha trabajado para valer las medidas cautelares dictadas a su favor por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), luego de las amenazas de muerte que sufrió.
Anticipó que han existido 10 reuniones para garantizar la integridad y seguridad del sacerdote, además de urgir el acatamiento a dos recomendaciones que emitió la propia CNDH sobre el mismo tema que fueron aceptadas ambas por la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) y el Instituto Nacional de Migración (INM), esperando aún su acatamiento u debido cumplimiento.
Precisó que aún está pendiente la aplicación de procesos administrativas y la integración de una denuncia penal respecto aquellos funcionarios públicos de ambas dependencias y mandos de la policía federal que violaron los derechos humanos del clérigo.