El 102 Batallón de Infantería hermoseado
por el actual presidente de la república, se estableció en 2010 en terrenos donados
por Enrique Peña Nieto entonces
gobernador del Estado de México; y este
año el comandante supremo de las Fuerzas Armadas lo incorporó al Operativo
“Seguridad Mexiquense” para combatir el narcotráfico; no obstante que desde
2011 miembros del mismo batallón fueron
procesados, por delincuencia organizada y aceptaron haber recibido dinero de un
capo a cambio de información sobre los movimientos castrenses que se planeaban.
Guillermo Galván Galvan entonces
secretario de la defensa nacional, en Mayo de 2010 aseguraría que la
dependencia a su cargo decidió instalar allí la base militar porque la zona es
"el corredor natural que utiliza el narcotráfico para conectarse con otras
regiones y estados", como Guerrero y Michoacán.
Con antecedentes de ejecuciones
extrajudiciales, el 102 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, al que
pertenecen los milicianos acusados a principios de este año, de asesinato en
Tlatlaya; el comandante supremo de las
Fuerzas Armadas los integró al conocido operativo con el supuesto objetivo de
disminuir la presencia de la delincuencia organizada en el sur del Estado de
México.
Instalado con esa misión expresa,
el 102 Batallón de Infantería ya se había visto involucrado en otros asesinatos
de civiles. Al menos una docena de elementos están siendo procesados por
ejecuciones extrajudiciales de presuntos integrantes o protectores de la
delincuencia organizada.
Medio año antes de la masacre en
Tlatlaya, miembros de ese mismo batallón asesinaron al director de tránsito, el subdirector de
tránsito y dos empleados de la dirección de cultura del municipio de Arcelia Guerrero,
en la frontera con el municipio mexiquense. En esa ocasión los castrenses anunciaron
haber reconocido a cuatro sujetos
armados.
En ese entonces Taurino Vázquez Vázquez, presidente municipal
de Arcelia, Guerrero aseguró que los empleados municipales pertenecían al Club
de Cazadores Jaguar, los cuales esa fatidica noche, salieron a cazar, e
indicaría que las armas que traían los
funcionarios estaban registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) por lo que dijo desconocer la razón por la que presuntamente fueron
atacados por elementos del Ejército.
La versión oficial se presentó
inicialmente también como un “enfrentamiento”, pero “brinco” el antecedente que
el 6 de diciembre de 2013 los milicos también asesinaron en el poblado de Palos
Altos, Arcelia, a Mario Urióstegui Pérez, director de Tránsito Municipal del
ayuntamiento e identificado como suegro de Johnny Hurtado Olascoaga, El
Mojarro, líder del grupo delictivo La Familia en la región norte de Guerrero y
sur del Edomex.
Esto ocurrió luego de que
organizaciones de derechos humanos exigieran una investigación de los hechos de
Tlatlaya, donde el 30 de junio el Ejército reportó originalmente que se había
registrado un enfrentamiento con personas armadas.
Sin embargo, versiones de prensa
cuestionaron la información y apuntaron a que las 22 muertes fueron producto de
ejecuciones.
Este año entró en vigor en México
una reforma al Código de Justicia Militar, según la cual los soldados o marinos
que cometan delitos contra ciudadanos serán juzgados por tribunales civiles, no
por instancias castrenses, como ocurría antes.
Los cambios fueron una exigencia
de organismos internacionales de derechos humanos, bajo el argumento de que
limitar el fuero militar es necesario para evitar que abusos queden impunes.
Al referirse al caso de Tlatlaya,
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió que México realice una
investigación "rápida e independiente" que esclarezca los hechos.
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