Por: Jose Luis Tellezgiron.
En aquel momento sostuvo y destaco que “En el Gobierno del
Estado de México queremos ser aliados de los periodistas, y lo vamos a seguir
demostrando, y queremos proteger con la fuerza de la ley, con todo el peso de
la ley, su actividad profesional, porque los mexiquenses y el gobierno del
estado, y estoy cierto que el Poder Judicial y el Poder Legislativo,
reconocemos diariamente su trabajo responsable, serio, siempre en beneficio de
la sociedad mexiquense......”
Situación que hasta el momento no se ha cumplido, y no se ha
cumplido por que sus efímeros colaboradores
cercanos nombrados como procuradores (léase Alfredo Castillo Cervantes, Miguel Ángel
Contreras Nieto y actualmente Alejandro Jaime Gómez) al día de la fecha no han
aclarado la muerte de los periodistas
Bonifacio y Alfonso Cruz, ocurrida en el municipio de Chimalhuacán, y ni tampoco hasta hoy aclararon la muerte
del columnista Ángel Castillo Corona y su hijo de 16 años de edad, ocurrida en
las inmediaciones del municipio de Santiago Tianguis tengo; las carpetas de investigación CHIM/I/638/08, y la 120130550083111, hasta
este momento siguen “traspapeladas en el archivo del olvido, así como la
propuesta de iniciativa de Ley para la
Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de México”.
En el Centro de Convenciones de Tecámac, durante los
trabajos alusivos a la toma de protesta de Rocío Díaz Montoya como presidenta
municipal, para el trienio 2013-2015; ante Baruch Delgado Carbajal entonces
presidente del Tribunal Superior de Justicia y de Aarón Urbina Bedolla entonces
presidente de la Junta de Coordinación Política del Estado de México, el
gobernador anunciaba su respaldo a la prensa, pero solo eso, un anuncio
protocolario ante sus representantes judiciales, sin que en la praxis
cotidiana, se cumpliera dicha propuesta.
Los tunde teclas aplaudieron que había seis puntos de
respaldo como fueron los siguientes:
1.- El secreto profesional: el periodista tiene el derecho y
el deber de mantener el secreto de identidad de las fuentes que le hayan
facilitado información, siempre y cuando la hayan contrastado y documentado.
2.- La cláusula de conciencia: permite al periodista ejercer
su profesión acorde a sus principios, moral e ideología. Así, podrán negarse,
motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los
principios éticos y profesionales de la comunicación, sin que ello suponga
sanción o perjuicio para el periodista.
3.- El libre y preferente acceso a las fuentes informativas
con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de México y Municipios.
4.- Los derechos de autor y de firma: asegura a los
profesionales de la información la propiedad intelectual o derecho de autor
consagrado en la Ley Federal de Derecho de Autor.
5.- Del derecho a la seguridad del periodista: establece el
derecho de los periodistas a solicitar protección a su persona, familia y
bienes, previa denuncia ante la autoridad correspondiente, así como una
indemnización en caso de fallecimiento del periodista en el ejercicio de su
profesión.
6.- De la capacitación: se propone la capacitación al gremio
periodístico a través de convenios que podrá celebrar el estado en coordinación
con los medios de comunicación que operan en la entidad.
En aquel inolvidable discurso el gobernador Eruviel también
destacó que el periodista ha sido un
impulsor en la transformación y desarrollo democrático de los municipios, el
Estado y el país al informar y formar opinión, pero que la naturaleza de su
labor los hace vulnerables ante quienes no creen en los derechos fundamentales
del hombre como la libertad de expresión, por lo que afirmó que su
administración respaldara el trabajo de este gremio.
Sin embargo, la histórica actitud tomada por los procuradores Alfredo Cervantes Castillo,
Miguel Ángel Contreras Nieto, y Alejandro Jaime Gómez, y los secretarios de
seguridad ciudadana o Comisión Estatal de Seguridad Pública Salvador Name
Sastre, Rocío Alonso Ríos, Damián Canales Mejía y a Eduardo Valiente Hernández,
demostraron que eran los primeros afectados por ejercer ese derecho fundamental
de la libertad de expresión, y vieron en cada uno de los reporteros, corresponsales
y periodistas enemigos peligrosos y de alto riesgo para ellos y sus empleados.
Así comenzó la cacería contra la libertad de expresión y
comenzaron las detenciones arbitrarias, en contra de los compañeros periodistas
Daniel Blancas del Diario La Crónica,
en el municipio de Almoloya de Juárez, cuando realizaba la investigación
periodística alusiva a la fuga del
narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, o cuando en Texcoco policías municipales
aprehendieron a Luis Antonio Miranda Domínguez reportero del diario Adelante, quien fue
detenido en esa localidad cuando
registró un enfrentamiento entre policías y ladrones, o como ocurrió con la
tele reportera Jessica Moguel y su camarógrafo, cuando levantaban escenas de
patrullas descompuestas en el municipio de Tlalnepantla.
Y no conforme con ello, también los responsables de la PGJEM
y de la CES, hicieron de la amenaza telefónica y personal una convivencia
cotidiana con los periodistas.
Por estos antecedentes surgieron más de cinco
manifestaciones de inconformidad por parte de la prensa, para frenar estos
actos de impunidad y abuso de autoridad que realizan algunos colaboradores
cercanos del gobernador Eruviel.
Que buscan hoy los periodistas en la explanada de Palacio de
Gobierno: Respeto a su actividad informativa, que se acaben las amenazas telefónicas,
los levantones y las detenciones clandestinas para los representantes de la
prensa.
Que en realidad entiendan que alguien tiene que ser el tábano
del estercolero… y esa parte le toco a los periodistas…
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