Armados con escudos, toletes y bastones eléctricos, policías
antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado desalojaron
a un grupo de pensionados y jubilados que bloqueaban la calle Enríquez, en
protesta porque el gobierno de Veracruz incumplió su compromiso de pagar las
pensiones de noviembre y diciembre, el aguinaldo y un incremento de 3.4 por
ciento. Retroactivo del primero de enero hasta octubre. Seis personas
resultaron lesionadas, entre ellas dos maestras.
A las 11 horas de ayer, representantes de la Coalición de
Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz estaban reunidos con autoridades estatales en
el palacio de gobierno. Fuera del inmueble, otro contingente se manifestaba.
El secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, estaba con
nosotros en la reunión, cuando de pronto comenzó a hablar por teléfono y se
fue. Estábamos esperando que regresara, pero en el ínterin nuestros compañeros
comenzaron a llamarnos y a decirnos que la policía había llegado para
desalojarlos, relató Humberto Hernández Vargas, miembro de la coalición.
Agregó que cuando la comisión de pensionados se enteró de la
embestida policiaca, se retiró de la mesa de diálogo. Salimos y me encuentro
con que la policía estaba desalojando a los compañeros en forma violenta. Se
formaron frente al palacio y en la calle Rafael Lucio.
Los efectivos de la SSP replegaron a los ancianos.Con los
escudos daban empellones a los compañeros y con los toletes les pegaron a
varios, aseveró Hernández Vargas. Relató que trató de defender a sus colegas,
pero otros compañeros nos jalaron para no caer en provocaciones.
Los empellones y jaloneos duraron entre 15 y 20 minutos,
hasta que los policías replegaron a los manifestantes y reabrieron la calle. En
el forcejeo, seis personas, entre ellas las maestras Edith Muro y Rosario Piña,
resultaron lesionadas por golpes y rasguños.
Una vez que desalojaron a los jubilados y pensionados, los
policías formaron una valla en la calle Enríquez.
Alrededor de las 13:30 horas los antimotines repelieron un
nuevo intento de los manifestantes por cerrar la calle.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
Luis Fernando Perera Escamilla, llegó para demandar a las autoridades estatales
retirar a los agentes. Su petición fue atendida.
Hernández Vargas consideró un acto de traición que los hayan
citado a dialogar mientras ordenaban a los agentes atacar a los pensionados que
se manifestaban pacíficamente.
Adriana Chávez Tejeda, presidenta de la Copipev e integrante
de la comisión que dialogaba con las autoridades, cuestionó: ¿Qué le pasa a
este gobierno? ¿Qué le pasa al secretario de Gobierno? ¿Con quién cree que está
tratando?
A las 14:30 horas, el secretario de Gobierno, Flavino Ríos
Alvarado, ofreció una rueda de prensa en la cual se responsabilizó por la
intervención policiaca y negó que se hubiera reprimido a los pensionados;
únicamente se les replegó, dijo.
Agregó que envío 50 elementos con escudos y toletes, pero
negó que llevaran bastones eléctricos; sin embargo, uno de los manifestantes,
quien pidió anonimato, aseguró haber recibido una descarga.
Después de las 14 horas, los pensionados recibieron el pago
de las pensiones de noviembre y diciembre, así como el aguinaldo. Quedaron pendientes
80 millones de pesos correspondientes al retroactivo del incremento al salario.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó
anoche que atrajo las investigaciones sobre el desalojo de jubilados y
pensionados a manos de policías antimotines y señaló que también resultaron
agredidos reporteros.
En un comunicado, el organismo anunció que solicitará
información a los involucrados a fin de integrar el expediente y, en su
momento, emitir la recomendación que corresponda.
Consideró que la convivencia pacífica y el ejercicio pleno
de los derechos en una sociedad democrática implican un compromiso compartido
entre autoridades y ciudadanos, en el que la actuación de todos debe sujetarse
a la ley.
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