Hasta ahora, solo tres de los 125 alcaldes del Estado de
México, han presentado voluntariamente su declaración patrimonial, fiscal y de
intereses, mejor conocida como 3de3, y solo nueve de los diputados mexiquenses
han hecho lo propio, por lo que el Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCo) pidió a los ciudadanos presionar para que sus gobernantes y legisladores
cumplan con esta iniciativa y no esperar a que inicie el proceso electoral para
que se vean obligados a hacerlo, ante su intención de ocupar algún cargo de
elección popular.
En el caso de los presidentes municipales, los únicos que
han cumplido con este compromiso, son la panista Ana María Balderas Trejo, de
Atizapán de Zaragoza; la priísta Denisse Aurora Ugalde Alegría, de
Tlalnepantla; y el perredista Ramón Montalvo Hernández, de Valle de Chalco.
Mientras que, en el caso de los legisladores federales del
Estado de México, se trata de Pablo Basáñez García y Carolina Monroy del Mazo,
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como de Angélica Moya Marín
e Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Partido Acción Nacional (PAN). La
senadora priísta Ana Lilia Herrera Anzaldo también cumplió con esta iniciativa.
Jacobo David Cheja Alfaro, Patricia Elisa Durán Reveles y
Miguel Ángel Xolalpa Molina, de Movimiento Ciudadano; Tassio Benjamín Ramírez,
del Verde Ecologista de México; y Javier Salinas Narváez, del Partido de la
Revolución Democrática, son los cinco legisladores de 75 que conforman la 59
Legislatura del Estado de México que han presentado su 3de3, en el afán de ser
transparentes con la ciudadanía.
Al respecto, la directora de Educación e Innovación Cívica
del IMCo, Alexandra Zapata Hojel, indicó que, si bien la entrada en vigor de la
nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, a partir del pasado 19 de
julio, obliga a los servidores públicos a presentar su 3de3, es importante que,
tanto los alcaldes como los legisladores, muestren a la ciudadanía su
compromiso de ser transparentes y de rendir cuentas, y que éste no solo se
quede en el discurso.
Ya entró en vigor la Ley General de Responsabilidades
Administrativas el pasado 19 de julio y estamos trabajando con el Comité de
Participación Ciudadana, quien es la autoridad que va a definir los nuevos
formatos legales obligatorios para todos los servidores públicos y cuando
entren en vigor, evidentemente, van a tener una obligación de ley para que
publiquen sus declaraciones, pero ojalá podemos ver una participación en el
Estado de México que refleje que todos estos funcionarios están comprometidos
con este ejercicio y con demostrarle a los ciudadanos que no solo se habla
transparencia y rendición de cuentas en los discursos, sino que también están
comprometidos y lo quieren demostrar de manera tangible”, aseveró.
Zapata Hojel destacó que si bien el gobernador electo Alfredo
del Mazo Maza ya cumplió con la presentación de su declaración 3de3 durante la
campaña política, es importante que exija el mismo compromiso a quienes
integrarán su gabinete, pues es un tema de responsabilidad que debe mostrar con
los mexiquenses.
Señaló que, a la par, es tiempo de que el Estado de México
se muestre como un ejemplo a seguir a nivel nacional en la materia, al
establecer castigos ejemplares para aquellos cuya declaración patrimonial,
fiscal o de intereses refleje inconsistencias u omisiones, mismas que pudieran
sancionarse administrativa o penalmente, ya que, hasta ahora, los escándalos
que se han derivado de funcionarios que no han podido explicar su patrimonio o
que ponen sus intereses personales por encima del comunitario, solo se han
quedado en exhibiciones.
Además, la directora de Educación e Innovación Cívica del
IMCo mencionó que es tiempo de que la sociedad civil, los ciudadanos y el
sector privado se vuelvan vigilantes y participes en la exigencia de que sus
representantes populares sean transparentes, pues hay una responsabilidad
compartida en esta lucha contra la corrupción, que se estima cuesta 30 por
ciento a las familias que viven con un solo salario mínimo, con prácticas como
el pago a cuotas escolares o por la recolección de basura que la población no
tendría que cubrir.
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