Ante diputados federales, funcionarios gubernamentales
advirtieron que la entidad con el primer lugar de incidencia en feminicidios es
el Estado de México, seguido por Veracruz y Ciudad de México, por lo que
urgieron a destinar mayor presupuesto y fortalecer la atención integral a
víctimas.
Durante la mesa dos de la audiencia pública
"Feminicidios, Emergencia Nacional: Impunidad Institucional",
Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la Unidad Especializada en
Investigación de Delitos en materia de Secuestro de la Fiscalía General de la
República, afirmó que todas las experiencias de feminicidios están generando en
la autoridad un cambio.
"Todo por lo que los familiares de las víctimas han
peleado, sí se refleja por la autoridad en la forma de integrar el delito de
secuestro se relacione o no con el feminicidio, como la sentencia de Mariana
Lima, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los protocolos del Campo
Algodonero".
Resaltó la vinculación del feminicidio -como la privación de
la vida por cuestión de género- y el secuestro -privación de la libertad-, de
éste en 2018 la unidad captó 353 víctimas, 28 por ciento fueron mujeres.
No obstante, dijo que para atender los crímenes contra
mujeres se necesita mayor capacitación y un servicio civil de carrera
profesional, ministerios públicos especializados que tengan sensibilidad de
atender e investigar con perspectiva de género y que no los cambien
constantemente del encargo.
Resaltó la importancia de que el Poder Judicial, ministerios
públicos y víctimas analicen los criterios técnicos en que se sustentan las
investigaciones, que los jueces apliquen criterios de convencionalidad y
constitucionalidad cuando se requiera y no sólo aborden cuestiones
administrativas y de coordinación.
Afirmó que el Estado de México ocupa el primer lugar en el
índice de feminicidios y secuestro con 29 casos; Veracruz, con 26 y Ciudad de
México con 15.
De la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV),
Mirna Eugenia Acevedo Salas, titular de la Unidad de Género, señaló asignaturas
pendientes en todas las instituciones del Estado mexicano para fortalecer la
atención integral a víctimas, a través de capacitación, certificación de
personal, litigio estratégico, apoyo a huérfanos e impulso de políticas
públicas transversales con perspectiva de paridad que frenen el feminicidio.
El marco normativo debe fortalecerse y aplicarse, las
instituciones tienen que operar con la debida diligencia para frenar la
violencia contra mujeres.
Sobre el tema "Trata de personas y otras formas
extremas de violencia contra las mujeres", Teresa Ulloa Ziáurriz,
directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América
Latina y El Caribe, afirmó que no se contabilizan las víctimas de trata en
ninguna estadística nacional, ni en los desparecidos.
Dijo que esa situación viola flagrantemente lo establecido
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia de Campo
Algodonero y destacó que el feminicidio se vincula con el delito de secuestro.
Se ha detectado que en 52 por ciento de los casos atendidos
participó la delincuencia organizada, en 23 por ciento no hubo injerencia de
ésta y en 25 por ciento se desconoce quién cometió el ilícito, porque la
familia no aportó más información.
En Veracruz, indicó, se ha identificado una nueva modalidad
de trata y explotación laboral y sexual, designada como "la dedo",
donde inscriben a una niña en alguna escuela de renombre, para que se haga
amiga de menores de familias adineradas y la inviten a sus casas para que
conozcan sus domicilios y pertenencias, a fin de que el grupo delictivo robe,
secuestre o cometa otro delito.
Laura Salinas Beristaín, de la Fiscalía Especial para los
Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, señaló que la
Fevintra ha estado maniatada en materia de feminicidios por la ley, porque sólo
"nos competen los delitos de los jueces federales" y los homicidios
de mujeres son competencia local.
Andrea Nomdedeu Díaz-Valero, especialista de Atención a
Casos en Amnistía Internacional, afirmó que "cada 160 minutos una mujer o
una niña es asesinada en México".
El año pasado se llegó a la cifra de tres mil 600 mujeres
víctimas de violencia extrema; los feminicidios en México se incrementan cada
año "sin que todavía existan datos precisos y confiables sobre su
dimensión".
Refirió que durante 2017, en Brasil ocurrieron mil 133
feminicidios; en El Salvador, 345; en Argentina, 251; Honduras, 235 y en
Guatemala, 221. "Coincidimos en considerar a todos estos países como
peligrosos, pero en México, tres mil 357 mujeres fueron asesinadas de forma
violenta en el mismo periodo".
De estas, las fiscalías y procuradurías estatales
registraron únicamente 671 presuntos delitos de feminicidio. "Esta brecha
expresa la resistencia de las autoridades a reconocer que a las mujeres nos
están matando porque somos mujeres", enfatizó.
Leticia Lorena Gutiérrez Rangel, del Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio, afirmó que según la Comisión Mexicana para la
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en México hay aproximadamente 30
mil desplazados internos por causas de la violencia, los cuales no tienen
"categoría legal como desplazados" y no encajan en un régimen de
protección adecuada que les permita rehacer sus vidas.
Destacó la necesidad de crear un marco jurídico para
atender, proteger, y asistir las necesidades especiales de las personas
desplazadas y garantizar los derechos.
María Salguero, activista y creadora del Mapa del
Feminicidio, resaltó que tan sólo en 2018, se asesinaron a 3 mil 607 mujeres,
lo cual significa que fueron casi 9.8 mujeres al día.
Afirmó que continúa la violencia intrafamiliar, pero el
crimen organizado ha hecho que se eleven los asesinatos de mujeres, y en el
ámbito comunitario ha sido en estados con presencia del crimen organizado.
De acuerdo con la suma de lo que señalan los estados sobre
feminicidios y homicidios dolosos, el Estado de México fue el primer lugar con
400 mujeres asesinadas, después le siguió Guanajuato, Baja California,
Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Michoacán y Ciudad de México.
Mientras que en la incidencia por población, por cada 100
mil habitantes, en Colima hubo 22; Baja California, 19; Guerrero, 15;
Chihuahua, 13; Guanajuato, 11 y 10 en Quintana Roo.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se
determina que más de 10 mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes ya es
una epidemia de violencia y "es lo que se está viviendo en estos
estados".
En el primer mes de este año, en el Estado de México hubo 37
mujeres asesinadas; Jalisco, 33 y 24 Guanajuato. Se debe investigar con
perspectiva de género y hacer el contexto individual de cada víctima sin
criminalizar porque muchos gobiernos suelen hacerlo.
Sacrisanta Mosso Rendón, de la organización "Voces de
la ausencia", propuso hacer una revisión y análisis profundo de las penas
para delitos de alto impacto que cometan adolescentes en conflicto con la ley,
pues el sistema de justicia para adolescentes los favorece, y endurecer las
sanciones de acuerdo con la gravedad del delito para corregir las conductas y
fortalecer la prevención.
De la misma organización, Ligia Teresita Canto Lugo planteó
la importancia y la necesidad de proteger a los niños huérfanos por causa de
los feminicidios.
Soledad Jarquín Edgar, madre de Marisol del Sol Cruz
Jarquín, aseguró que el feminicidio de su hija es uno de los más de 270
asesinatos violentos ocurridos en Oaxaca, en poco más de dos años del actual
gobierno estatal.
Solicitó a los diputados intervenir para iniciar un juicio
político contra el fiscal general, Rubén Vasconcelos, y proceder en la
revocación del mandato de Hageo Montero López por obstaculizar la
investigación.
Arturo Ibarra, padre de la víctima Francia Ruth Ibarra
Ramírez, consideró que una forma primordial de prevenir la delincuencia, es
combatir la impunidad. Las leyes están mal y hay errores en su aplicación, si
se quieren resultados diferentes es necesario empezar a hacer las cosas de
forma distinta.
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