CIUDAD DE MÉXICO. Un grupo de cerca de 35 extrabajadores del
Senado, que entraron por recomendación del expresidente de la Mesa Directiva,
Martí Batres, se organizaron para exigir al Senado que les pague una
liquidación, que implicará un promedio de 321 mil pesos por cada uno, que
representarán una erogación no prevista de la institución de casi 11 millones
de pesos.
Los extrabajadores, quienes fueron dados de baja a partir
del pasado 15 de septiembre, argumentan que, al haber ocupado una plaza de
estructura en el Senado, tienen derecho a una liquidación, aunque algunos de
ellos no cumplieron el año de laborar en la institución.
Entre quienes buscan esa liquidación están Federico Anaya,
quien fuera el consejero jurídico de Martí Batres en el Senado, así como Omar
Butrón, el subcontralor que aseguró haber cursado la licenciatura en un año y
ser pasante de maestría sólo un mes después.
Desde el 15 de septiembre, 86 trabajadores del Senado, entre
ellos los 66 que llegaron por recomendación directa del senador Martí Batres,
causaron baja en la institución, por lo que fueron notificados; de ese total,
sólo un grupo de quienes ocuparon puestos de estructura han decidido unirse
para exigir que el Senado les entregue una liquidación o los reinstale en sus
puestos, porque, desde su perspectiva, no existe ningún motivo laboral que
justifique su salida.
Este grupo de extrabajadores ya hizo el planteamiento
oficial a las autoridades de la Mesa Directiva, para que se les entregue el
dinero al que dicen tienen derecho.
De acuerdo con información obtenida por Excélsior entre las
autoridades del Senado, en este grupo de cerca de 35 personas que buscan la
liquidación están todos los que trabajaron en la Coordinación de Consultoría
Jurídica Legislativa, que encabezó Federico Anaya Gallardo; con él están Olivia
Rubio, Claudia Mendiola, Joel García López, Elisa Álvarez Hernández, Juan Carlos
Gómez Nájera, Roberto Euclides Hernández González, Yolanda Pérez Santillán,
Frida González Jordán, Omar Monroy Rodríguez y Liliana Martínez Calderón.
El 17 de junio pasado, Excélsior informó que entre este
grupo de trabajadores del Senado existen personas que carecen del título
profesional para ser asesores parlamentarios y, salvo Olivia Rubio, ninguno
tiene experiencia en ese tema.
En esa ocasión, este diario mencionó que Joel Aniceto García
López, pasante de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública,
fue director de Bienes, Servicios y Archivo de Luz y Fuerza del Centro en
Liquidación SAE, donde también fue coordinador de Servicios Generales y
Archivo. En el Senado ganó 89 mil 717 pesos brutos mensuales, que se traducen
en 64 mil 909 pesos brutos netos, después de impuestos.
Y Juan Carlos Gómez Nájera, pasante de la licenciatura de
Ciencia Política y Administración Pública, fue auxiliar administrativo y
maestro en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México; en el Senado ganaba
61 mil 446 pesos brutos mensuales, que menos impuestos se convierten en 45 mil
456 pesos netos al mes.
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