Además, se denunció el robo de una retroexcavadora en 2022 y la desaparición de otra máquina similar a finales de 2024. También se documentó cómo el crecimiento urbano desordenado y las modificaciones en los límites urbanos afectaron gravemente al municipio.
Las oficinas quedaron vacías, ya que los anteriores funcionarios se llevaron todo, incluso computadoras e impresoras, dejando sin herramientas básicas a los nuevos integrantes de la administración.
Marta Guerrero Sánchez, acompañada por Guillermo Guzmán Acosta, director de ODAPAS; Leonardo Paz, director de Desarrollo Urbano; y el síndico Héctor Estrada Baltazar, dieron detalles de las condiciones en que el nuevo gobierno recibió la administración anterior.
Guillermo Guzmán Acosta destacó que solo se les dejó una pipa de agua para la distribución del líquido, además de sabotajes en pozos y en la red de distribución, lo que ha complicado enormemente la atención a la ciudadanía.
Por su parte, Leonardo Paz informó que en las dos administraciones anteriores, encabezadas por Olga Medina Serrano y Cristina González Cruz, se fraccionaron ilegalmente 65 hectáreas de lotes. Señaló que ninguna de esas administraciones tomó medidas para frenar el crecimiento irregular, lo que afectó la capacidad del municipio para garantizar servicios básicos en las nuevas zonas.
Además, Leonardo Paz explicó que se modificó la cota (límite urbano), lo que ocasionó que los servicios públicos no fueran suficientes para abastecer a las nuevas áreas reconocidas dentro del territorio municipal.
El síndico Héctor Estrada Baltazar aseguró que ya se iniciaron las denuncias correspondientes para deslindar responsabilidades a los promotores de estos asentamientos humanos irregulares, así como a las administraciones anteriores.
La presidenta municipal destacó la solidaridad de los directores y funcionarios municipales de su administración, quienes llevaron sus propias computadoras e impresoras para poder llevar adelante este nuevo gobierno.
El ayuntamiento trabaja con las autoridades correspondientes para fincar responsabilidades a los involucrados en los actos ilícitos que dañaron tanto el erario municipal como sus bienes inmuebles.
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