Ciudad de México.- Amnistía Internacional México, demandó que la Procuraduría General de la República investigue a los altos mandos del Ejército en los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, y no solo a los subordinados.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz, en su intervención en la reunión con el grupo de trabajo que coadyuva con las autoridades competentes en la investigación del caso, hizo un llamado al Congreso de la Unión para supervisar las tareas de la PGR y convocarla a rendir cuentas y explicar los avances del caso Tlatlaya.
Dijo que esta rendición de cuentas debe ser bajo el principio de "máxima publicidad", en virtud de que no se han remitido los expedientes e informes que el grupo de trabajo legislativo ha solicitado.
Por otra parte, subrayó que la política de "mano dura" para la seguridad en México no ha dado resultados pues "es falso que se deban sacrificar derechos humanos para que exista más seguridad y que se toleren las ejecuciones extrajudiciales o la tortura para tener mayores avances en la materia".
Perseo Quiroz expuso también que la evolución de "la cifra negra del delito" es importante, porque muchas de las denuncias y recomendaciones de organizaciones de Derechos Humanos señalan que el Estado mexicano asegura que no existe esta información.
Mencionó que en 2013, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) cuenta más de 18 mil homicidios, mientras que el INEGI reporta 23 mil. En materia de secuestro, la diferencia es más pronunciada, mil 698 reportó el SNSP, sin embargo INEGI documentó 131 mil 946 secuestros.
Asimismo solo 6.2 por ciento de los delitos que se cometen en nuestro país se denuncian, debido a la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones y por temor a las represalias.
Mencionó que en el caso Tlatlaya hay varios temas que preocupan. Si bien es cierto que hay siete militares investigados, no hay ningún nivel de mando alto, cuando todas las versiones y testimonios hacen suponer por lo menos que mandos de alto nivel tuvieron involucramiento en el caso. "No jalando el gatillo, pero justamente a través de encubrir lo que sucedió ahí. Recordemos que lo que sucedió en Tlatlaya, fue una investigación periodística y organizaciones independientes, que revelaron que la discursiva oficial no era cierta", externó.
En su turno el director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo, acentuó que Tlatlaya no debe ser tomado como un tema aislado, sino como síntoma de problemas estructurales en un país que transita con dificultad hacia la construcción de controles democráticos para el uso de la fuerza.
"No es posible que casos de esta gravedad no deriven en aprendizaje a las instituciones, a la política pública y a los mecanismos de control democrático sobre el uso de la fuerza y donde el Estado acepte públicamente sus errores", indicó.
Argumentó que las instituciones militares no deben hacer tareas que no le corresponden por el abandono histórico a las Instituciones Policiales y al Aparato de Justicia Penal por parte del Estado, "ya que el Ejército no cuenta con estándares suficientes para ejercer funciones de seguridad pública bajo control legal de sus actos".
Aseguró que México está transitando con enorme dificultad y lentamente en la construcción de controles democráticos en el uso de la fuerza de las autoridades civiles, particularmente la Policía, pero lo es aún más respecto al uso de la fuerza a manos de la Fuerzas Armadas.
Refiere que en el informe del grupo especial de trabajo de la Cámara de Diputados, en el numeral uno, dice: "no se cuenta con información completa sobre la cadena de mando entre el comandante de la 22 Zona Militar de la Sedena y el sargento responsable del operativo, ni con elementos que permitan establecer la responsabilidad o no, de mandos militares más allá de los 8 elementos que realizaban el patrullaje."
En tanto en el numeral dos, señala que no se cuenta con elementos para saber cómo se diseñó, operó, autorizó o permitió patrullaje con 8 elementos, cuando lo reglamentario o común son al menos 12 elementos.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz, en su intervención en la reunión con el grupo de trabajo que coadyuva con las autoridades competentes en la investigación del caso, hizo un llamado al Congreso de la Unión para supervisar las tareas de la PGR y convocarla a rendir cuentas y explicar los avances del caso Tlatlaya.
Dijo que esta rendición de cuentas debe ser bajo el principio de "máxima publicidad", en virtud de que no se han remitido los expedientes e informes que el grupo de trabajo legislativo ha solicitado.
Por otra parte, subrayó que la política de "mano dura" para la seguridad en México no ha dado resultados pues "es falso que se deban sacrificar derechos humanos para que exista más seguridad y que se toleren las ejecuciones extrajudiciales o la tortura para tener mayores avances en la materia".
Perseo Quiroz expuso también que la evolución de "la cifra negra del delito" es importante, porque muchas de las denuncias y recomendaciones de organizaciones de Derechos Humanos señalan que el Estado mexicano asegura que no existe esta información.
Mencionó que en 2013, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) cuenta más de 18 mil homicidios, mientras que el INEGI reporta 23 mil. En materia de secuestro, la diferencia es más pronunciada, mil 698 reportó el SNSP, sin embargo INEGI documentó 131 mil 946 secuestros.
Asimismo solo 6.2 por ciento de los delitos que se cometen en nuestro país se denuncian, debido a la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones y por temor a las represalias.
Mencionó que en el caso Tlatlaya hay varios temas que preocupan. Si bien es cierto que hay siete militares investigados, no hay ningún nivel de mando alto, cuando todas las versiones y testimonios hacen suponer por lo menos que mandos de alto nivel tuvieron involucramiento en el caso. "No jalando el gatillo, pero justamente a través de encubrir lo que sucedió ahí. Recordemos que lo que sucedió en Tlatlaya, fue una investigación periodística y organizaciones independientes, que revelaron que la discursiva oficial no era cierta", externó.
En su turno el director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo, acentuó que Tlatlaya no debe ser tomado como un tema aislado, sino como síntoma de problemas estructurales en un país que transita con dificultad hacia la construcción de controles democráticos para el uso de la fuerza.
"No es posible que casos de esta gravedad no deriven en aprendizaje a las instituciones, a la política pública y a los mecanismos de control democrático sobre el uso de la fuerza y donde el Estado acepte públicamente sus errores", indicó.
Argumentó que las instituciones militares no deben hacer tareas que no le corresponden por el abandono histórico a las Instituciones Policiales y al Aparato de Justicia Penal por parte del Estado, "ya que el Ejército no cuenta con estándares suficientes para ejercer funciones de seguridad pública bajo control legal de sus actos".
Aseguró que México está transitando con enorme dificultad y lentamente en la construcción de controles democráticos en el uso de la fuerza de las autoridades civiles, particularmente la Policía, pero lo es aún más respecto al uso de la fuerza a manos de la Fuerzas Armadas.
Refiere que en el informe del grupo especial de trabajo de la Cámara de Diputados, en el numeral uno, dice: "no se cuenta con información completa sobre la cadena de mando entre el comandante de la 22 Zona Militar de la Sedena y el sargento responsable del operativo, ni con elementos que permitan establecer la responsabilidad o no, de mandos militares más allá de los 8 elementos que realizaban el patrullaje."
En tanto en el numeral dos, señala que no se cuenta con elementos para saber cómo se diseñó, operó, autorizó o permitió patrullaje con 8 elementos, cuando lo reglamentario o común son al menos 12 elementos.
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