 |
| De izquierda a derecha: Adolfo Serna, precandidato a la alcaldía de Atoyac, Guerrero, y quien fue asesinado el 31 de diciembre; Francisco Rojas, aspirante a la alcaldía de Cuatitlán Izcalli atacado el 2 de febrer, y Arturo Gómez Pérez, alcalde de Petatlán, Guerrero, asesinado el 29 de diciembre.
Por MARINA FRANCO
|
CIUDAD DE MÉXICO — El viernes 9 de febrero, a dos días del
final de la precampaña en el país, el líder estatal de un partido minoritario
en el Estado de México, Vicente Onofre, fue baleado y resultó herido. Al día
siguiente, el precandidato a una alcaldía en el estado de Puebla, Francisco
Lenin Portal Sánchez, fue atacado a balazos también cuando iba a bordo de su
vehículo. Portal Sánchez salió ileso. Pero otros no corrieron la misma suerte.
Una semana antes de estos ataques fue asesinado Francisco
Rojas San Román, precandidato a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, un municipio
del Estado de México. Y antes de él murió baleado en Oaxaca el exlíder
municipal Teodoro Ortiz Barragán. Tan solo en enero fueron asesinados Jorge
Montes González, líder municipal y regidor de Celaya; Santiago Cháidez Jiménez,
exalcalde de un municipio en Durango; Juan Manuel Hernández Martínez, regidor
del estado de Tamaulipas; Víctor Molina Dorantes, exalcalde de Veracruz, y
Miguel Ángel Licona, antiguo presidente municipal de Hidalgo.
En total, desde que el periodo electoral empezó oficialmente
a nivel federal el 8 de septiembre hasta el final de la precampaña el 11 de
febrero —periodo durante el cual se registran los aspirantes y se definen los
candidatos al interior de cada partido— fueron asesinados por lo menos
diecinueve políticos locales entre alcaldes (electos o en funciones),
exalcaldes o precandidatos a presidente municipal. En comparación con esta
cifra, algunos conteos indican que durante todo 2016 fueron víctimas de
homicidio nueve presidentes municipales y alcaldes electos o antiguos.
El número es representativo de la violencia que se vive en
todo el país, dado que México acaba de cerrar su año más mortífero desde que
hay registro. Sin embargo, un estudio reciente encontró que es doce veces más
probable que un político local sea asesinado que alguien de la población civil.
“Vemos una descomposición social en el país debido a esta
escalada de violencia”, dijo Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de
Huixquilucan, en Estado de México, y dirigente de la Asociación Nacional de
Alcaldes, una de las organizaciones que reúne a representantes a nivel local y
que lleva un conteo de violencia contra líderes municipales. “Y esto genera un
ambiente muy raro y muy tenso en un año electoral”, añadió Vargas del Villar,
quien atribuyó buena parte de la violencia a “mafias” que quieren enviar un
mensaje de miedo a los candidatos o a los dirigentes en funciones para afianzar
su control sobre territorios disputados.
De izquierda a derecha: Adolfo Serna, precandidato a la
alcaldía de Atoyac, Guerrero, y quien fue asesinado el 31 de diciembre;
Francisco Rojas, aspirante a la alcaldía de Cuatitlán Izcalli atacado el 2 de
febrer, y Arturo Gómez Pérez, alcalde de Petatlán, Guerrero, asesinado el 29 de
diciembre.
De cara a las elecciones del 1 de julio, en las que en total
se renovarán 3416 cargos de elección popular —la mayor cantidad de puestos que
se han votado en una sola jornada en la historia del país, y la mitad de los
cuales son a nivel local o municipal—, la irrupción de la violencia en la
política implica un costo elevadísimo para la democracia.
“Nuestra construcción de la democracia fue a nivel local, de
abajo para arriba, con el municipio”, indicó Sandra Ley, politóloga del Centro
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) —una universidad de la capital
mexicana— especializada en violencia electoral y sus consecuencias. Ahora, en
vez de una construcción democrática, el nivel municipal se ha vuelto también
“la primera entrada de grupos de delincuencia organizada que están peleando
para tener acceso o empezar a tener acceso e influencia en la composición de
puestos clave en seguridad, de presupuesto, de finanzas”.
La experta explicó que los ataques contra autoridades
municipales en México, que tienden a aumentar durante periodos de elecciones
locales, posiblemente se han agudizado este año —y seguirán haciéndolo— porque
también coinciden con las elecciones federales, “y esa concurrencia hace que
veamos más operación del crimen organizado”.
Ley recalca que no todos los asesinatos o intentos de
homicidio de regidores son por parte de grupos criminales, también pueden
deberse a, por ejemplo, disputas políticas o a temas personales. Aun así,
determinados estudios ya han encontrado que el hecho de que esos grupos
criminales estén logrando deshacerse de candidatos o políticos cuando
consideran que no les permitirán controlar ese territorio —o que respaldarán a
otro grupo criminal en caso de llegar al poder—, lleva a que muchas personas
que buscarían competir en elecciones decidan no hacerlo.
“Una mayor violencia hace menos competitivas las elecciones
en los municipios”, sostiene un análisis del politólogo Aldo Ponce, también del
CIDE. Y ello “potencialmente podría facilitar el surgimiento de autoritarismos
a nivel local”.
Lo que termina ocurriendo en esos casos es que aquellos que
sí compiten o se postulan lo hacen ya partiendo de que harán política a favor
de intereses como el de grupos de delincuencia organizada, y no a favor de la
gente. Así lo señala la profesora Ley en uno de sus análisis, realizado en
coautoría con Guillermo Trejo, profesor de la Universidad de Duke: estos
políticos, por miedo o conveniencia, pueden terminar por “ceder el poder hasta
que es difícil distinguir entre el gobierno local y el crimen organizado”.
Funcionarios de casilla cuentan las boletas durante la
elección presidencial de 2012, en una casilla de Guerrero.
El efecto de la violencia electoral es todavía más grave
para la democracia mexicana, porque excede a los candidatos que disputan un
espacio de poder. Si los ciudadanos ven que ni siquiera los políticos y
funcionarios se salvan de una situación de violencia, pueden decidir no
participar; al fin y al cabo, si el crimen organizado ya determinó el resultado
electoral matando, secuestrando o ejerciendo amenazas contra los candidatos —o
bien cooptándolos—, se reduce el incentivo para acudir a las urnas.
Más aún, ¿cuál es el incentivo para esos ciudadanos de
participar no solo con su voto, sino ayudando a contar las boletas como
funcionarios de casilla o a revisar que no haya irregularidades durante la
jornada electoral como observadores? En el mismo sentido, cuando alguien
resulta electo, esos ciudadanos también ven poca cabida para exigir una
rendición de cuentas.
“Es un gran costo participar tan públicamente en un proceso
que es tan relevante para el crimen organizado” si los mexicanos no se sienten
protegidos al hacerlo, recalcó Ley.
“Y ese eslabón ciudadano, que fue fundamental para la
transición democrática del país, lo perdemos poco a poco y se reduce con ello
aún más el espacio que hay entre el crimen organizado y el Estado”.
Integrantes del Instituto Nacional Electoral, dependencia
que monitorea los comicios a nivel federal, se han limitado a decir que ese
órgano no es de seguridad pública: que solo les compete propiciar “reuniones
con las instituciones que llevan el tema de seguridad” para fomentar que haya
posibles medidas de protección. Por su parte, expertos y políticos han exigido
que el tema no quede de lado durante la campaña ni después de que esta termine.
“Hemos estado pidiendo ya desde hace tiempo un protocolo de
seguridad para los alcaldes”, recalcó Vargas del Villar, el dirigente de una de
las asociaciones de líderes locales y municipales.
De hecho, el Congreso de México solicitó desde julio de 2016
a los órganos de seguridad nacional que adoptaran medidas de protección para
los alcaldes, aunque no se han retomado propuestas legislativas afines. Vargas
del Villar asegura que se ha buscado establecer estos mecanismos con la
administración federal, pero que aún no se ha concretado, en parte porque
cambió el titular del ministerio que debería gestionarlo, la Secretaría de
Gobernación. (El exsecretario Miguel Ángel Osorio Chong dejó el puesto a
principios de enero para hacer campaña para el senado).
La solicitud del congreso de 2016 fue hecha a partir de una
propuesta de la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la comisión de
Derechos Humanos de la Cámara Alta, quien destacó en entrevista que debe haber
mejores canales de comunicación entre los niveles municipal, estatal y federal
para combatir la “ingobernabilidad” y asegurar “la necesaria prevención que
debe haber para evitar asesinatos o amenazas de todo tipo por parte de estas
mafias”.
“Es grave que en el país haya una especie de ambiente de
zozobra”, añadió la senadora en una entrevista telefónica, e indicó que hace
falta empezar a discutir y adoptar medidas que, entre otras acciones, promuevan
la coordinación a varios niveles para la investigación de este tipo de delitos,
la profesionalización de quienes realicen esas investigaciones y un mejor
combate al control que ya tiene la delincuencia organizada sobre rubros
gubernamentales.
“Seguramente son soluciones que nos van a llevar varios
años, pero hay que empezarlo ya”, sostuvo la senadora. Aunque quizá sea más
fácil decirlo que hacerlo.
Desde la solicitud de 2016 no ha habido propuestas
legislativas específicas relacionadas con este problema, incluso con la
reciente aprobación de una Ley de Seguridad Interior que presuntamente buscar
mejorar el combate a nivel local de la delincuencia organizada. Y parece poco
probable que surja una iniciativa afín de aquí a las elecciones: los cargos de
De la Peña y los demás 627 integrantes del congreso son algunos de los más de
tres mil puestos que serán renovados en las urnas el 1 de julio de este año.
No hay comentarios:
Publicar un comentario